El conflicto de los estatutos de la Universitat de València
Desde hace un par de semanas, los ciudadanos en general y los universitarios en particular asistimos con perplejidad a la cotidiana reiteración en la prensa escrita del conflicto que enfrenta al gobierno de la Generalitat y el rectorado de la Universitat de València. El motivo es un determinado artículo de los estatutos de la Universitat. La perplejidad procede de que la reiterada mención cotidiana al conflicto en titulares de prensa no se acompaña, de hecho, de ninguna novedad significativa. Es más, una simple revisión hemerográfica demuestra que desde el primer día hasta el último no ha ...
Desde hace un par de semanas, los ciudadanos en general y los universitarios en particular asistimos con perplejidad a la cotidiana reiteración en la prensa escrita del conflicto que enfrenta al gobierno de la Generalitat y el rectorado de la Universitat de València. El motivo es un determinado artículo de los estatutos de la Universitat. La perplejidad procede de que la reiterada mención cotidiana al conflicto en titulares de prensa no se acompaña, de hecho, de ninguna novedad significativa. Es más, una simple revisión hemerográfica demuestra que desde el primer día hasta el último no ha aparecido ningún argumento nuevo: se han venido reiterando los mismos datos y argumentos por parte de la Universitat y las mismas sospechas por parte de la Generalitat. ¿Qué es lo que justifica, entonces, la actualidad del conflicto, lo que ha provocado titulares, ruedas de prensa, cartas y entrevistas? O, más aún, cabe preguntarse ¿qué es los que hace persistir un conflicto que, bien mirado, carece de contenido legal o académico, y además tiene una fácil resolución?Si el conflicto se refiere al contenido de un artículo de los Estatutos de la Universitat de València, podría pensarse a priori que a) el artículo en cuestión vulnera la legalidad; b) que existe una diferencia de criterio acerca de las consecuencias académicas que se derivan de su aplicación, o c) que el conflicto obedece a una estrategia puramente política. Sobre la legalidad del artículo parece que no hay nada que objetar, dado que ha estado vigente desde 1985. El Consejo Jurídico Consultivo ha reiterado en dos informes que se ajusta a la ley, que no es contrario al ordenamiento jurídico y que además está legitimado por la autonomía universitaria. Si a esto añadimos que durante los dos años y medio que ha tenido el texto, el gobierno de la Generalitat no ha planteado ninguna objeción formal y sus discrepancias sólo se han traducido en la negativa a publicarlo en el Diario Oficial, el texto puede considerarse aprobado por silencio administrativo. Así las cosas, el bloqueo a su publicación representa un procedimiento inadmisible.
Por lo que respecta al contenido del artículo 167.4, el conseller de Cultura y el president de la Generalitat han expresado su preocupación de que pudiera impedir que cualificados docentes e investigadores de todo el mundo ejercieran su labor en la Universitat de València. En consecuencia, han solicitado públicamente a nuestro rector que reconsidere su redacción. ¿Habría que recordar de nuevo que la autonomía es un derecho fundamental de las universidades, reconocido en el artículo 27.10 de la Constitución española? Así lo ha recordado estos últimos días la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a propósito de este conflicto, y ha acusado directamente al Gobierno valenciano de impedir que la Universitat de València ejerza ese derecho fundamental. He aquí otra vertiente lamentable del conflicto, el reiterado enfrentamiento entre el president de la Generalitat y los rectores universitarios; un enfrentamiento que en opinión de la mayoría de los universitarios valencianos no es un buen síntoma de cómo van las cosas en nuestra sociedad.
Ciertamente, es responsabilidad de los miembros del Gobierno valenciano velar por el buen uso de los fondos públicos que se invierten en la docencia y hacer todo lo posible para que una investigación de calidad contribuya al progreso y al bienestar de la sociedad valenciana. Pero creemos que en ese mismo barco estamos todos y conviene que nuestros representantes políticos estén muy tranquilos y tengan la absoluta seguridad de que todos sus temores respecto al conflicto que nos ocupa son infundados. Lo ha explicado con rigor el rector Pedro Ruiz con datos indiscutibles. La Universitat de València, con el artículo 167.4 en vigor desde 1985 y ahora mismo, es esa universidad "de amplias miras" que el president y el conseller reclaman. Los indicadores externos de evaluación de las universidades -tanto en la docencia como en la investigación- indican que se ha modernizado con rapidez en los últimos 15 años, y en estos momentos figura entre las primeras universidades españolas en los aspectos docentes, en el rendimiento de su productividad investigadora y en la captación de recursos externos. Una universidad que es -y puede serlo aún más- muy rentable intelectual, social, cultural y académicamente a la sociedad valenciana. Una universidad que ha sido el hilo conductor de la ciencia y la cultura de esta ciudad durante siglos y que se ha convertido en una universidad europea y abierta al mundo, con una dignidad académica reconocida internacionalmente. Y eso gracias a la confianza y el apoyo de la sociedad, y también del esfuerzo personal de quienes trabajan en ella, incluso en momentos en que los responsables políticos no han sabido estar a la altura de las circunstancias.
Nos preguntamos, pues, si existe alguna razón de legalidad o alguna justificación académica para que el gobierno de la Generalitat provoque este conflicto con la Universitat, un conflicto más con el mundo universitario. Desconocemos si, en el contexto de la compleja partida de ajedrez que cada día se juega en la política valenciana, la creación de este conflicto -que consideramos claramente político, y no legal ni académico- puede aportar ciertas ventajas en la resolución de otras cuestiones ajenas al asunto que nos ocupa. Pero estamos seguros de que no es bueno politizar asuntos académicos, ni mantener artificialmente conflictos que tienen una fácil resolución, máxime si enfrentan a instituciones que deben caminar de la mano, por el bien de la sociedad valenciana.
Los que vivimos y trabajamos cada día en la Universitat de València sabemos que el conflicto que se ha generado no es real ni tiene contenido. No hay otra solución razonable que la publicación del texto y el respeto a la autonomía de una institución que merece ser respetada. Porque no es bueno para la sociedad civil que la autonomía de las instituciones se vulnere directa o indirectamente por los mecanismos de presión que siempre puede articular el poder político. Y más peligroso aún es llegar a confundir, en una sociedad democrática, la mayoría absoluta con el absolutismo. Eso ya no es sólo una cuestión de estilo, eso es un error imperdonable.
Los firmantes apoyan la postura del rector Pedro Ruiz ante la negativa
del Consell a aprobar el artículo 167.4
Con Josep Lluís Barona, firman este artículo 200 profesores y miembros del personal de administración y servicios de la Universidad de Valencia.