Los subasteros siguen acaparando la mayoría de los pisos baratos subastados en los juzgados

Los subasteros (el grupo de profesionales que amaña las pujas para conseguir los pisos baratos que sacan a subasta los jueces) siguen campando a sus anchas por los juzgados de Madrid y aprovechándose de las gangas que a veces se ofertan, según coinciden en señalar fuentes judiciales y de la oficina de subastas de la plaza de Castilla. Si en 1999 se subastaron alrededor de 3.000 inmuebles en Madrid, la mayoría se los adjudicaron ellos. Sólo 100 recayeron en particulares. Los expertos confían en que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil permita poner coto a los profesionales.

Si hace años ...

Los subasteros (el grupo de profesionales que amaña las pujas para conseguir los pisos baratos que sacan a subasta los jueces) siguen campando a sus anchas por los juzgados de Madrid y aprovechándose de las gangas que a veces se ofertan, según coinciden en señalar fuentes judiciales y de la oficina de subastas de la plaza de Castilla. Si en 1999 se subastaron alrededor de 3.000 inmuebles en Madrid, la mayoría se los adjudicaron ellos. Sólo 100 recayeron en particulares. Los expertos confían en que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil permita poner coto a los profesionales.

Si hace años los subasteros actuaban por separado, en la actualidad se escudan en sus propias inmobiliarias, según fuentes judiciales. Y es que muchos de ellos han conseguido auténticas fortunas a base de comprar pisos baratos, merced al amaño de pujas, y luego venderlos a precio de mercado.Para abrir la oferta de estos pisos a los ciudadanos necesitados, en 1995 se abrió en la plaza de Castilla una oficina de información de subastas cuyo objetivo era informar de los pasos para poder adjudicarse una de estas viviendas. La idea de la oficina partió de la entonces decana de los juzgados y hoy vocal del Consejo del Poder Judicial, Manuela Carmena. Esta oficina, financiada por la Comunidad de Madrid, el Colegio de Abogados y el Ministerio de Justicia, funciona desde entonces. Desde su creación, por ella han desfilado cerca de 20.000 personas para solicitar información e intentar pujar por un piso. "A todos se les ha dado la información que requerían, pero la complejidad legal de las subastas, por un lado, y los subasteros, por otro, han impedido que muchos de estos ciudadanos pudieran adjudicarse un piso", afirman fuentes de la oficina de subastas. La idea de esta oficina era informar a los ciudadanos de estas pujas para que participasen en ellas y evitar que los subasteros se adjudicasen los pisos sin la competencia de personas ajenas a su trama.

Lo cierto es que de las 4.000 personas que visita cada año esta oficina en busca de información, "sólo un centenar" consiguió hacerse con una vivienda superando las artimañas de los subasteros. Se subastaron 3.000 inmuebles en 1999, pero sólo 100 cayeron en manos de particulares. Fuentes de la oficina de información de subastas afirmaron ayer que las subastillas se siguen produciendo en los juzgados. Esta práctica ilegal, que llevó a juicio por distintos delitos a unos 43 subasteros en marzo de 1995, consiste en que, a espaldas del juez y fuera de la sala de pujas, los profesionales se reúnen y se reparten las fincas que salgan a licitación. Luego, entran en la sala de vistas, y como entre ellos no se hacen competencia, se quedan los lotes de su agrado por precios muchas veces irrisorios. La oficina de subastas ha propiciado, eso sí, que sean más los pujadores ajenos a la trama. No obstante, cuando los subasteros ven a algún postor ajeno, le coaccionan para que no puje o bien le exigen dinero para no intervenir. "Fui con un cliente a una puja", asegura una persona próxima a la oficina de subastas, "y nos pidieron 150.000 pesetas a cambio de no intervenir".

Las fuentes consultadas confían en que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil dificultará los chanchullos de este grupo organizado que hace negocio con las subastas. Esta norma, que entrará en vigor en enero de 2001, facilitará que familias necesitadas puedan quedarse un piso barato, ya que permitirá hipotecar parte del precio del piso aunque el adjudicatario no lo tenga inscrito aún en el registro.

Actual ley

La actual ley facilita las prácticas de los subasteros, pues obliga a los interesados a depositar "al menos un 20%" del precio inicial de licitación y a consignar el 80% restante dentro de los ocho días siguientes a la adjudicación. Es decir, para un piso de 10 millones, habría que depositar en el juzgado, antes de la puja, dos millones, y luego, los ocho millones restantes antes de ocho días. "Sólo los que tienen dinero líquido pueden optar a un piso", destacan las citadas fuentes, que añaden: "La mayoría es gente humilde que no dispone de esa cantidad y ningún banco da dinero si no puede garantizarlo con una hipoteca". Con la nueva ley, siguiendo el citado supuesto, el plazo para entregar los ocho millones restantes se amplía a diez días y el secretario del juzgado puede emitir un certificado que convenza a los bancos de que el adjudicatario, una vez hecho el papeleo judicial, será el dueño real de la vivienda.