La Fiscalía solicita para un armador que capturó inmaduros cinco años de inhabilitación para la pesca
La Fiscalía de Málaga mantiene su empeño en perseguir la captura de inmaduros, actividad que considera un delito contra la fauna. En esa línea, ha pedido cinco años de inhabilitación para la pesca y una multa de 420.000 pesetas para un armador sorprendido en tres ocasiones en la lonja con barreños repletos de alevines. El cerco a esta actividad ilegal también se refleja en los decomisos practicados por la Consejería de Agricultura y Pesca, que en la provincia se han duplicado en apenas cuatro años.El fiscal de Medio Ambiente Juan Carlos López no entra en su calificación en demasiados argumento...
La Fiscalía de Málaga mantiene su empeño en perseguir la captura de inmaduros, actividad que considera un delito contra la fauna. En esa línea, ha pedido cinco años de inhabilitación para la pesca y una multa de 420.000 pesetas para un armador sorprendido en tres ocasiones en la lonja con barreños repletos de alevines. El cerco a esta actividad ilegal también se refleja en los decomisos practicados por la Consejería de Agricultura y Pesca, que en la provincia se han duplicado en apenas cuatro años.El fiscal de Medio Ambiente Juan Carlos López no entra en su calificación en demasiados argumentos legales. Simplemente recuerda que el 4 de septiembre de 1998, F.M.M. intentó meter en el puerto un cargamento de 480 kilos de inmaduros, que el 6 de octubre del mismo año fue sorprendido con otros 630 kilos y que un día después se le intervinieron otros 140. Tras esta cronología, llega a la conclusión de que su actuación supone un delito contra la fauna de carácter continuado. La causa se sustancia en un juzgado de la capital que la ha admitido a trámite.
Sin embargo el frente judicial contra la captura de inmaduros sigue un camino dispar. Hace menos de tres meses, la Audiencia de Málaga ratificó el sobreseimiento de otro armador, cuyo caso había sido archivado en primera instancia. Aunque la Inspección Pesquera de la Junta lo descubrió con una importante partida de alevines, la Audiencia no vio indicios de delito porque pescaba con redes reglamentarias. El tribunal entendió que el hecho no podía encajarse en el delito contra la fauna tipificado en los artículos 334 y 335, sino que debía considerarse solamente como una infracción administrativa.
Además, de estas dos querellas, hay otras tres denuncias contra otros tantos armadores que de momento no han sido archivadas. El delegado de Agricultura y Pesca en Málaga, José María Rodríguez, eludió comentar las decisiones de la Audiencia y la Fiscalía: "Al margen del curso que tomen esas diligencias, nosotros seguiremos actuando como hasta ahora, dentro de nuestras competencias administrativas, y cada vez con mayor intensidad porque estamos convencidos de la importancia de que se preserven los recursos. Una obligación que sigue siendo una asignatura pendiente de los ayuntamientos, cuya colaboración es muy escasa". Un reciente informe del comité científico de la Comisión de Pesca del Mediterráneo advirtió en marzo que la sobreexplotación de este mar ha puesto al boquerón en una "situación crítica".