Sanleón tiene una reclamación como acreedor de Cleop de casi 2,5 millones por su escultura
José Sanleón figura en la lista de acreedores de Cleop (Compañía Valenciana de Edificación y Obras Públicas) debido a que, al declarse en 1996 en suspensión de pagos, no le abonó casi dos millones y medio por su escultura El esclavo, que fue destruida el pasado jueves a las puertas del IVAM por deseo del artista. La empresa se hizo cargo del pago de la obra al ser la adjudicataria de la Consejería de Obras Públicas para reurbanizar parte del barrio de Velluters. Obras Públicas, que encargó la escultura a Sanleón, sigue sin dar explicaciones sobre la destrucción de esta obra pública.
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José Sanleón figura en la lista de acreedores de Cleop (Compañía Valenciana de Edificación y Obras Públicas) debido a que, al declarse en 1996 en suspensión de pagos, no le abonó casi dos millones y medio por su escultura El esclavo, que fue destruida el pasado jueves a las puertas del IVAM por deseo del artista. La empresa se hizo cargo del pago de la obra al ser la adjudicataria de la Consejería de Obras Públicas para reurbanizar parte del barrio de Velluters. Obras Públicas, que encargó la escultura a Sanleón, sigue sin dar explicaciones sobre la destrucción de esta obra pública.
Los abogados del propio Sanléon se dirigieron en su momento a la juez, que levantó la suspensión de pagos de Cleop en diciembre de 1998, porque, por un error formal, no se había incluido al artista entre los acreedores de la constructora valenciana. El error se corrigió, y de este modo Sanleón entró a formar parte de los acreedores, como cualquier otro de los afectados a los que la empresa valenciana debe ir abonando la deuda contraída conforme al convenio aprobado al respecto y los plazos establecidos en el mismo.Cleop se hizo cargo del pago de la escultura -cuyo importe no llega a los dos millones y medio de pesetas- al ser la empresa adjudicataria del proyecto de reurbanización de Velluters promovido por el plan Riva (Rehabilitación Integral de Valencia), cuya ejecución y financiación corre a cargo de la Consejería de Obras Públicas.
El director general de Arquitectura y Vivienda, José María García Zarco, quien encargó personalmente la obra a Sanleón hace cinco años, estuvo presente en el acto de destrucción de la escultura el pasado jueves, y allí dijo que Obras Públicas respetaba la decisión del artista. Desde entonces, ningún representante de Obras Públicas ha respondido a los requerimientos de este periódico para dar explicaciones sobre lo acontecido.
Cuando Sanleón anunció el mismo jueves su decisión de destruir la escultura, "para intentar evitar conflictos políticos y culturales", señaló que su decisión contaba con el respeto de de Obras Públicas (que se encargó del traslado de la pieza de su ubicación en la calle Pie de la Cruz, en Velluters, a la explanada del IVAM) y de la Consejería de Cultura.
Generosidad
Ayer, el artista subrayó la "generosidad" con la que han actuado las instituciones, y en especial la Consejería de Obras Públicas, al respetar la decisión, "absolutamente personal", de destruir la pieza. Destrucción que se produjo en un momento muy tenso a raíz de la polémica originada entre la Consejería de Cultura y el IVAM por la ubicación de la escultura a las puertas del museo, con la oposición de la dirección del mismo.
Además, dijo que "asume personalmente todas las responsabilidades" que pudieran derivarse de su actuación, al tiempo que añadió su desconocimiento sobre cualquier cuestión jurídica en la que se pudiera incurrir.
Cristina Busch, abogada especialista en derechos de autor que asesara a asociaciones de artista, destacó la singularidad del caso de Sanleón por cuanto la ley de propiedad intelectual contempla, básicamente, la protección de los derechos intelectuales del artista sobre su obra en relación al propietario de la misma. La citada ley, de hecho, lo que garantiza es la propiedad intelectual de la obra. La experta considera que el artista podría incurrir en delito por la propiedad de otros si se entiende que existe una propiedad pública de la obra. También señala que el artista podría modificar su obra pero con obligación de indemnizar a su propietario.
Todo indica que Obras Públicas no iniciará ninguna actuación y que pretende llegar a un acuerdo con el artista.