Cepeda abre en Valencia un nuevo local para regularizar inmigrantes

La Delegación de Gobierno de Valencia ha habilitado un nuevo local para hacer frente al proceso de regularización de inmigrantes que están en situación irregular, que comenzará el próximo martes. En Alicante, donde las largas colas frente a la oficina de extranjeros acabaron a finales de enero con cargas policiales, la subdelegación de Gobierno hizo un llamamiento a la calma y recomendó "no acudir en masa el primer día para solicitar la regularización". El plazo concluye el 31 de julio.

Desde la delegación del Gobierno en Valencia, que encabeza Carlos González Cepeda, se anunció ayer qu...

La Delegación de Gobierno de Valencia ha habilitado un nuevo local para hacer frente al proceso de regularización de inmigrantes que están en situación irregular, que comenzará el próximo martes. En Alicante, donde las largas colas frente a la oficina de extranjeros acabaron a finales de enero con cargas policiales, la subdelegación de Gobierno hizo un llamamiento a la calma y recomendó "no acudir en masa el primer día para solicitar la regularización". El plazo concluye el 31 de julio.

Desde la delegación del Gobierno en Valencia, que encabeza Carlos González Cepeda, se anunció ayer que se habilitarán las oficinas del antiguo Instituto Nacional de la Seguridad Social en la calle de Jesús, y que se realizará un "importante refuerzo de plantilla" para atender al público y "evitar aglomeraciones innecesarias" de cara al inicio del plazo de regularización de inmigrantes que se encuentran en situación irregular en la provincia de Valencia.En Alicante, la subdelegación del Gobierno anunció ayer que además de los locales de esta institución, se habilitarán como oficinas de información y recepción de solicitudes la sede de la Diputación provincial y las oficinas del Instituto Nacional de Empleo de la calle de San Juan Bosco. El responsable del Centro de Información de Trabajadores Migrantes del sindicato Comisiones Obreras en Alicante, Jamal Chaibi, señaló que los 7.000 inmigrantes alicantinos que se encuentran indocumentados que podrían acogerse a la medida podrían ser atendidos en un plazo aproximado de dos meses si las organizaciones no gubernamentales y la Administración "trabajan de forma conjunta".