Boicoteo derechista a la reforma en Francia y desazón en toda Europa
El boicoteo de la derecha francesa a la reforma de la justicia propuesta por el Gobierno del socialista Lionel Jospin revela la pugna política entre la justicia-poder y la justicia-servicio público. Y apunta a la diversidad de ofertas de organización judicial en una Europa desazonada por el retraso e ineficacia de la Administración de la justicia, con altos niveles de desconfianza ciudadana hacia los jueces, especialmente elevada en Bélgica (72%), Francia (56%), Italia (53%) y España (52%).La frustrada reforma de la izquierda francesa tenía como elemento nuclear la desjudicialización del Conse...
El boicoteo de la derecha francesa a la reforma de la justicia propuesta por el Gobierno del socialista Lionel Jospin revela la pugna política entre la justicia-poder y la justicia-servicio público. Y apunta a la diversidad de ofertas de organización judicial en una Europa desazonada por el retraso e ineficacia de la Administración de la justicia, con altos niveles de desconfianza ciudadana hacia los jueces, especialmente elevada en Bélgica (72%), Francia (56%), Italia (53%) y España (52%).La frustrada reforma de la izquierda francesa tenía como elemento nuclear la desjudicialización del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), al que se incorporarían otros profesionales del Derecho y personalidades de prestigio, mientras que el Gobierno renunciaría a designarlos y dejaría de dar instrucciones concretas a los fiscales. El CSM ganaría atribuciones sobre los jueces y como contrapartida a esa mayor independencia respecto al Ejecutivo, se incrementaría la indemnización de los magistrados a las víctimas de sus errores.
El aplazamiento sine die de esa reforma se produce en el contexto de una Francia y Europa con un aumento de litigios no correspondido por los recursos humanos y económicos disponibles, según un informe elaborado en 1999 por el Comité de Expertos sobre la Eficiencia de la Justicia, del Consejo de Europa.
El informe recoge el fracaso del arbitraje en Bélgica, en donde ha dado resultado la fijación de plazos procesales estrictos, medida también adoptada por Dinamarca. Alemania pone el acento en la informatización y una mejor organización de los tribunales, mientras que Italia, en donde hay dos millones de casos civiles pendientes, denuncia la escasez de jueces (9.000, para 57 millones de habitantes) y la duración excesiva de los procesos.