Por la puerta trasera
La píldora abortiva ya está disponible en España. Este fármaco reúne la paradoja de haber sido recomendado por la OMS, de estar suficientemente probado desde hace veinte años y, sin embargo, de no llegar más que a un mínimo porcentaje de mujeres de todo el mundo. Las cuestiones ideológicas han supuesto para este fármaco un obstáculo insalvable sólo sorteado en algunos países. El Parlamento, con el voto del PP, aprobó en 1997 impulsar el uso en España de la RU-486. Que tanta lentitud no se debe a cuestiones médicas lo demuestra que mientras tanto hayan superado todas las barreras burocráticas m...
La píldora abortiva ya está disponible en España. Este fármaco reúne la paradoja de haber sido recomendado por la OMS, de estar suficientemente probado desde hace veinte años y, sin embargo, de no llegar más que a un mínimo porcentaje de mujeres de todo el mundo. Las cuestiones ideológicas han supuesto para este fármaco un obstáculo insalvable sólo sorteado en algunos países. El Parlamento, con el voto del PP, aprobó en 1997 impulsar el uso en España de la RU-486. Que tanta lentitud no se debe a cuestiones médicas lo demuestra que mientras tanto hayan superado todas las barreras burocráticas medicamentos mucho más nuevos o de discutible eficacia.Pero la píldora llega por la puerta de atrás. El 95% de los abortos legales en España se realizan en la sanidad privada, por lo que es previsible que la RU-486 se dispense básicamente en esas clínicas acreditadas; pero ni siquiera en todas. Sanidad ha impuesto unos requisitos que muchas no cumplen, aunque éstos no son imprescindibles para practicar abortos quirúrgicos, más complicados. Los hospitales públicos de todas las comunidades, excepto en Navarra y La Rioja, han pedido la píldora para su farmacia. Pocos, sin embargo, la van a utilizar, ya que la objeción de conciencia de sus médicos lo impide. La libertad de conciencia del médico está garantizada, pero no falta razón a quienes reclaman una oportuna regulación. ¿Son realmente objetores todos los ginecólogos en todos los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana? ¿O en los de Castilla y León o Extremadura? ¿Quién decide en un centro público que su servicio de tocoginecología no practica abortos?
Las estadísticas sobre abortos legales demuestran que son las mujeres más jóvenes las que interrumpen su embarazo. Los jóvenes apenas utilizan métodos anticonceptivos seguros, peregrinan en busca de la píldora del día después o, en último extremo, abortan en clínica privada. La llegada de la RU-486 es un paso adelante, pero su dispensa debería simultanearse con una política capaz de abordar sin hipocresías los problemas de la sociedad en este terreno.