De objetores a civiles
Con la supresión del servicio militar obligatorio va a desaparecer también la prestación social sustitutoria, a la que se han acogido 700.000 jóvenes objetores en un decenio. Ello ha suscitado un debate sobre cómo suplir un servicio que en los años que lleva funcionando se ha revelado sumamente útil para la comunidad. La instauración de un servicio civil no parece la mejor vía, sino facilitar que la propia sociedad se autoorganice y actúe en paralelo a un Estado que no debe hacer dejación de sus responsabilidades sociales.Tras la encuesta encargada a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ...
Con la supresión del servicio militar obligatorio va a desaparecer también la prestación social sustitutoria, a la que se han acogido 700.000 jóvenes objetores en un decenio. Ello ha suscitado un debate sobre cómo suplir un servicio que en los años que lleva funcionando se ha revelado sumamente útil para la comunidad. La instauración de un servicio civil no parece la mejor vía, sino facilitar que la propia sociedad se autoorganice y actúe en paralelo a un Estado que no debe hacer dejación de sus responsabilidades sociales.Tras la encuesta encargada a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) sobre los puestos cubiertos por los objetores- unos 100.000 en la actualidad-, el Gobierno debería realizar una auditoría para saber cuáles son realmente necesarios y cuáles dispensables. Para la UAB, casi un 25% son importantes, ya sea en atención personalizada a enfermos o ancianos u otros menesteres. La Constitución Española contempla en su artículo 30 la posibilidad de que se establezca "un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general". De hecho, en los ministerios de Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales está en estudio un borrador para desarrollar tal figura, de un modo no obligatorio, y abierto a hombres y mujeres.
Sin duda, debe fomentarse la solidaridad personal y social. Pero dada la madurez de la sociedad española, parecería más razonable impulsar desde las instituciones públicas el voluntariado, las ONG y las fundaciones para suplir las prestaciones sociales sustitutorias. Para ello hay que dinamizar una legislación restrictiva, más pensada para evitar fraudes fiscales que para favorecer la aparición en España de ese tercer sector, a medio camino entre lo público y lo privado, y que toda sociedad moderna requiere.