Oro y esclavos
El 27 de diciembre, Alberto Fujimori anunció que, en vista de que la oposición no presentaba una alternativa política convincente, se resignaba a lanzar su candidatura para un tercer mandato consecutivo en las elecciones del próximo abril. De inmediato, el Colegio de Abogados, diversos partidos políticos y organizaciones cívicas y de derechos humanos impugnaron este "nuevo golpe de Estado" contra la Constitución -que prohíbe la reelección-, pero el Jurado Nacional de Elecciones se apresuró a rechazar estas tachas y a olear y sacramentar aquella candidatura que garantiza la longevidad del régim...
El 27 de diciembre, Alberto Fujimori anunció que, en vista de que la oposición no presentaba una alternativa política convincente, se resignaba a lanzar su candidatura para un tercer mandato consecutivo en las elecciones del próximo abril. De inmediato, el Colegio de Abogados, diversos partidos políticos y organizaciones cívicas y de derechos humanos impugnaron este "nuevo golpe de Estado" contra la Constitución -que prohíbe la reelección-, pero el Jurado Nacional de Elecciones se apresuró a rechazar estas tachas y a olear y sacramentar aquella candidatura que garantiza la longevidad del régimen autoritario instaurado el 5 de abril de 1992 hasta el año 2005, cuando menos. De este modo, aquél establecerá dos records: será la más larga dictadura sufrida por los peruanos en el siglo XX y la inaugural del siglo XXI.Así concluía un acto más de la operación política iniciada años atrás por el gobierno con el objetivo de perpetuarse en el poder, al mismo tiempo que, en vista del escaso apetito de la comunidad internacional por las dictaduras, disfrazaba este acto de fuerza con formalismos legales encaminados a revestirlo de legitimidad. De la larga secuencia, señalemos algunos hitos: en 1996, la mayoría autómata en el Congreso aprobó una "ley de interpretación auténtica de la Constitución", que, en flagrante violación del texto constitucional dictado por la propia dictadura, permitía la tercera reelección de Fujimori. El Foro Democrático reunió en 1998 más de un millón de firmas para convocar un plebiscito y someter este asunto a consulta popular, pero el Congreso impidió (inconstitucionalmente) su realización. Tres jueces del Tribunal Constitucional que osaron impugnar la tercera reelección fueron, manu militari, destituidos.
Al mismo tiempo, el régimen perfeccionaba su sistema de control y manipulación del sistema informativo y continuaba, con notable eficacia, la domesticación de la opinión pública. Para ello, todos los principales órganos de comunicación escrita fueron convertidos, mediante la intimidación o el soborno, en voceros o instrumentos del gobierno, como Expreso, o puestos en atemorizada sordina, como El Comercio, con la excepción del diario de centroizquierda, La República, el semanario Caretas, y algún cotidiano de restringida circulación, a fin de tener pruebas de que el gobierno respeta la libertad de prensa. En el campo televisivo, el de mayor impacto propagandístico, el avasallamiento ha sido total: en él sólo se admite el servilismo abyecto. El caso más sonado internacionalmente ha sido el del Canal 2, Frecuencia Latina, que, por haber sacado a la luz algunos hechos luctuosos cometidos por el Servicio de Inteligencia del hombre fuerte del régimen -Vladimiro Montesinos-, fue arrebatado a su dueño, Baruch Ivcher, mediante triquiñuelas legales (lo privaron de la nacionalidad peruana, enjuiciaron a su mujer y a sus hijas y al abogado que las defendía, persiguieron y chantajearon a sus colaboradores -por lo menos a una de ellas la torturaron- para que declararan contra él y lo enfangaron en una campaña vertiginosa de calumnias). Indiferente a las protestas múltiples que este atropello motivó en el mundo entero, Canal 2 es ahora uno de los desaguaderos informáticos de Montesinos.
Para evitar una segura condena por el caso Ivcher, el gobierno peruano se retiró -pese a estar legalmente impedido de hacerlo- de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con un pretexto mentiroso: que este tribunal exigía la liberación de unos terroristas chilenos juzgados y condenados por un tribunal militar peruano. (En verdad, la Corte sólo había señalado que, en vista de las condiciones anómalas de aquel juicio, aquéllos debían ser juzgados de nuevo, de acuerdo a las normas aceptadas por los países civilizados). La maquinaria propagandística del régimen -dentro de la cual las oficinas encuestadoras son pieza clave- incrustó en la opinión pública la idea de que el arbitrario retiro del Perú de la Corte se justifica porque este tribunal es ¡cómplice de los terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru!
Parejamente al cerrojo echado sobre los medios existentes, el habilidoso Montesinos propició la aparición de una miríada de pasquines malolientes, que se venden a precio ínfimo y cuyos escandalosos titulares a colorines destellan en los muros y quioscos, cuya función es, de un lado, la deificación de la dictadura y sus sirvientes, y, de otro, la descalificación y el linchamiento moral y político de sus opositores. Amparados en la impunidad legal de que gozan -el Poder Judicial fue puesto de rodillas e instrumentalizado por el régimen desde los primeros días del golpe-, esas hojas, cuyos titulares llegan a un vasto público popular, insultan, falsean, satanizan, arruinan la reputación de todo lo que queda de limpio y de decente en la política peruana, y, por supuesto, de este modo silencian preventivamente a los pusilánimes, convirtiéndolos en cómplices pasivos del régimen. La campaña de satanización más reciente ha tenido como víctima a la congresista de oposición Beatriz Merino, sin duda por ser una de las figuras más íntegras y más inteligentes que ha pasado por ese innoble Congreso actual, de soldaderas y domésticos sin honor y sin sesos.
En este contexto, que es todavía bastante peor de lo que todo lo precedente podría sugerir, lo sorprendente no es que Fujimori se disponga a pasar por el alegre trámite de una pantomima electoral para continuar en el poder. Lo es, más bien, que tantos peruanos no corrompidos ni asustados por el sistema de control de la sociedad instaurado -a sangre, terror y dinero- por Vladimiro Montesinos y su testaferro presidencial Fujimori, estén dispuestos a participar en la mojiganga electoral que se avecina, y que, en la medida de sus limitadísimas posibilidades, se movilicen detrás de las candidaturas de Alberto Andrade, y de Luis Castañeda Lossio, o los demás candidatos de la oposición. Su gesto es nobilísimo, desde luego, y también temerario, pues saben a lo que se exponen: a ser investigados y esquilmados por la SUNAT (el servicio de contribuciones es una de las más eficaces armas de extorsión del régimen cara a las personas de ingresos medio y alto), a ser objeto de abominables operaciones de vilipendio, a perder sus trabajos o sus bienes, o, más expeditivamente, a ser golpeados o asesinados por los escuadrones de la muerte, que arma y teledirige, desde los sótanos siniestros de Las Palmas y el Pentagonito (Cuartel General de las Fuerzas Armadas), el celebérrimo capitán Vladimiro Montesinos, que, luego de ser expulsado del Ejército y encarcelado por traidor y de ejercer como abogado de narcotraficantes, ha pasado a presidir, en los hechos, por persona interpósita, los destinos del Perú.
¿Hay, acaso, la menor posibilidad de que esas elecciones sean libres, de que en ellas se exprese la voluntad popular de los peruanos? Nada quisiera tanto como equivocarme, pero estoy seguro de que no la hay, que los resultados electorales de aquella mascarada ya están decididos por el verdadero poder, que es el SIN (Servicio de Inteligencia), ni más ni menos que en 1950, cuando el dictador Odría, para "legitimarse", compitió en unas elecciones en las que, hombre precavido, hizo encarcelar previamente a su único competidor. Un amigo que me escuchaba este razonamiento me repuso: "En un proceso electoral siempre hay imponderables. Por más purgado que haya sido por Montesinos, el Ejército está lleno de oficiales profesionales que desprecian a semejante sujeto. Pueden darle la espalda y dejar que las elecciones sean libres. Si es así, Fujimori será barrido, porque dos tercios de los peruanos ya han abierto los ojos y están hartos del régimen". La verdad es que depositar las esperanzas en esta hipótesis me parece tan ingenuo como creer que la democracia volverá al Perú gracias a un supuesto cáncer en la lengua de Fujimori (he escuchado repetidas veces esta profecía).
La democracia no volverá al Perú porque un grupo de militares se cansen de Montesinos o porque una enfermedad anule a Fujimori, su hechura y fantoche. Volverá cuando el disgusto y el hartazgo de la sociedad peruana con el sistema autoritario que se ha instalado allí sean irresistibles y el rechazo de la mentira, los atropellos, los robos y los crímenes que comete el poder precipiten una movilización tan poderosa que haga desplomarse todos los aparatos de control e intimidación actualmente vigentes. Entonces comenzará la previsible carrera de las ratas, la dictadura perderá su base de sustentación -el dinero y las armas- y se abrirá una nueva oportunidad para la libertad y la legalidad en el Perú.
Que nada de ello está próximo lo demuestra el formidable despliegue de cómplices y reclutados entre la "élite" que el régimen se ufana en exhibir, con la ingenua pretensión de mejorar su imagen (variopinta estrategia nacida de aquel dictum de Simone de Beauvoir: "Nadie es un monstruo si lo somos todos"). Para acompañarlo en la plancha presidencial, Fujimori ha elegido a Francisco Tudela, un diplomático y víctima del secuestro colectivo perpetrado en la Embajada del Japón por el MRTA, que tenía fama de honesto. Si lo fue, ya no lo es, ya encontró el precio de su integridad política, como el canciller Trazegnies, o el premier Bustamante, y un puñado de otros que, en nuestro módico mercado intelectual, académico o profesional, parecieron en algún momento respetables. Pero es un grave error del régimen creer que alquilando estos falsos prestigios se prestigia: en verdad, revela la pobre estofa de que está embutida buena parte de la clase intelectual peruana, y lo barata que es.
En una de las más feroces diatribas que salieron de su pluma, Simón Bolívar dijo que la sociedad peruana estaba hecha de "oro y esclavos". Resumía así el asco que le dieron el servilismo y los halagos con que lo abrumaron las ricas familias limeñas, que se echaron a besarle los pies con la misma unción que lo habían hecho, antes, con San Martín, y, antes, con los virreyes españoles, y la tristeza que le causó esa masa popular casi anulada por la brutalidad de la explotación y los extremos de miseria en que vivía. Desde luego que en la historia republicana del Perú hay muchos ejemplos admirables de peruanos que, con sus ideas y sus acciones, o con ambas conjugadas, han tratado de desaparecer esa atroz tradición de sometimiento servil o pasividad resignada que es el caldo de cultivo que ha hecho florecer a nuestras incontables dictaduras. Pero todos ellos -un Bustamante y Rivero, un Belaúnde Terry, para citar a dos entre los últimos- fracasaron en su empeño de arraigar la democracia -la civilización- en suelo peruano, y terminaron derrotados por regímenes que restablecían aquella antiquísima herencia autoritaria.
La dictadura actual es el último engendro de aquel linaje. No es menos brutal que otras, pues tiene muchos muertos, torturados y desaparecidos en su haber. Pero, ha refinado sus métodos, y, además de la violencia física, emplea el "oro" de los ricos y de los que enriquece en turbios negocios, a manos llenas, para autopromocionarse y mantener anestesiada y sumisa -esclava- a una gran parte de la población. Nunca en la historia del Perú la clase empresarial se ha consustanciado tanto con una dictadura como con ésta, por miedo a Montesinos, sí, pero, también, porque ese contubernio es el camino más corto -en verdad, el único- hacia el éxito económico. Y probablemente, nunca antes, pese a la gravísima crisis económica, a la recesión, al desempleo, a las quiebras, a los abusos sistemáticos contra los derechos humanos y a la falta total de garantías, ha habido tantos peruanos resignados al oscurantismo político.
¿Los lúcidos y limpios, los que resisten, los que no se han dejado engañar ni comprar ni asustar por el régimen, deben aceptar participar en unas elecciones fraguadas de principio a fin y en la que se les ha asignado el papel de comparsas? Yo pienso que no, que deberían recusarlas en bloque, y dejar a Montesinos, Fujimori y la canalla a su servicio la exclusividad del aquelarre.
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