Trabajo exige a TWA que respete los derechos de la plantilla
La Dirección General de Trabajo ha enviado un requerimiento a la compañía aérea TWA en el que le comunica que no puede desmantelar sus instalaciones en España sin atender previamente los derechos de sus empleados. Trabajo recaba de la empresa "la inmediata paralización de la cesación de actividad y la privación de elementos patrimoniales, constatadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, porque con las mismas se podría hacer ineficaz el resultado del pronunciamiento en el expediente de regulación de empleo que se tramita ante esta dirección general, llegándose de esta forma a un ces...
La Dirección General de Trabajo ha enviado un requerimiento a la compañía aérea TWA en el que le comunica que no puede desmantelar sus instalaciones en España sin atender previamente los derechos de sus empleados. Trabajo recaba de la empresa "la inmediata paralización de la cesación de actividad y la privación de elementos patrimoniales, constatadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, porque con las mismas se podría hacer ineficaz el resultado del pronunciamiento en el expediente de regulación de empleo que se tramita ante esta dirección general, llegándose de esta forma a un cese de actividades de la empresa sin la preceptiva autorización, y pudiéndose también afectar a la efectividad de los derechos económicos de los trabajadores derivados de una eventual resolución de sus contratos".El requerimiento se produce ante los planes de la empresa de suspender sus vuelos a Madrid y Barcelona, y anular su actividad en España a partir del próximo 10 de enero, que le ha llevado a presentar un expediente de rescisión de contratos para toda su plantilla en España, compuesta por 87 personas, menos al jefe de personal.
Una vez comprobadas las medidas de desmantelamiento de sus instalaciones, la Dirección General de Trabajo recuerda a la empresa la necesidad de que respete los procesos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, y las obligaciones que tiene con sus empleados, tanto por las liquidaciones e indemnizaciones que se deriven del expediente de despido colectivo, presentado el pasado 16 de diciembre, como por las compensaciones pactadas en convenio colectivo en los casos de terminación de la relación laboral.
Por ello, y hasta que no obtenga autorización para el despido colectivo, debe paralizar la cesación de actividad y la privación de elementos patrimoniales. La autoridad laboral le advierte que "el incumplimiento de este requerimiento constituirá infracción laboral muy grave, según el Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales que pudieran proceder según el Código Penal".