Fomento defiende las concesiones de autopistas y apuesta por mantenerlas

El Ministerio de Fomento defiende "la figura de la concesión administrativa para la conservación y explotación de las autopistas una vez construidas, puesto que esta fórmula de gestión de un servicio público ha dado muy buenos resultados en el sector público y la experiencia adquirida recomienda su mantenimiento". En una carta remitida a EL PAÍS para puntualizar una noticia publicada el pasado día 14, el ministerio señala que la modificación de la Ley de Autopistas introducida en la Ley de Acompañamiento afecta "a las concesiones de conservación y explotación de autopistas ya construidas".
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El Ministerio de Fomento defiende "la figura de la concesión administrativa para la conservación y explotación de las autopistas una vez construidas, puesto que esta fórmula de gestión de un servicio público ha dado muy buenos resultados en el sector público y la experiencia adquirida recomienda su mantenimiento". En una carta remitida a EL PAÍS para puntualizar una noticia publicada el pasado día 14, el ministerio señala que la modificación de la Ley de Autopistas introducida en la Ley de Acompañamiento afecta "a las concesiones de conservación y explotación de autopistas ya construidas".

El secretario general de Fomento, Francisco Uría, señala que "la modificación que realmente se recoge en la enmienda [al proyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del 2000] es la modificación al artículo 1 de la Ley 8/72, de 10 de mayo, sobre construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, que incluye dentro del ámbito de aplicación de esta ley, las concesiones de conservación y explotación de autopistas ya construidas"."Estas concesiones", continúa, "podrán otorgarse de manera anticipada a la finalización del plazo concesional de las autopistas cuya construcción, conservación y explotación haya sido objeto de concesión previa".

"En este caso", explica Uría, "ya no se trata de una ampliación del plazo concesional, sino de una nueva concesión. Así, se sigue utilizando la figura de la concesión administrativa para la conservación y explotación de las autopistas una vez construidas, puesto que esta fórmula de gestión de un servicio público ha dado muy buenos resultados en el sector público y la experiencia adquirida en la materia recomienda su mantenimiento".

Fomento considera que "esa fórmula abre la posibilidad de financiar mediante la concesión de la conservación y explotación de autopistas, la construcción de otros tramos de autopistas, posibilidad que responde a la orientación que ya recoge la Ley de Autopistas de movilizar capital privado para la creación de nuevas infraestructuras, permitiéndose la construcción, hoy y por parte de una sociedad privada, de unos tramos de autopistas a cambio de una contraprestación a favor del adjudicatario consistente en el derecho de explotar otro tramo de autopista, es decir, admitiendo la subsidiación cruzada entre varios tramos de autopistas".

En cuanto a la concesión de la A-6 [Villalba-Adanero, con ramales a Ávila y Segovia], Fomento la considera como "una concesión nueva, la de la conservación y explotación de la autopista de peaje A-6, tramo Villalba-Adanero, cuyo plazo concesional se inicia a partir del 29 de enero del 2018, fecha a partir de la cual deben empezar a contar los 75 años de plazo límite concesional que contempla la Ley de Autopistas".

Por otra parte, Francisco Uría sostiene que "en relación con la posibilidad de ampliar el derecho concesional, ésta viene contemplada en la Ley de Autopistas, concretamente en su artículo 24, que permite que el Gobierno, a propuesta del ministro de Fomento, modifique las características de las concesiones de autopistas, por razón de interés público".

"Por este motivo", señala, "se puede acordar una bajada de las tarifas, siendo en este caso necesario compensar al concesionario para que se mantenga el equilibrio económico-financiero".

El Ministerio de Fomento sostiene que "estas medidas de rebaja del peaje de las autopistas tienen por objeto beneficiar a los consumidores, que van a pagar peajes más reducidos, pero sin perjudicar a las sociedades concesionarias, que, a cambio de esta rebaja, se les debe compensar de modo que se mantenga su equilibrio económico-financiero, a través de una prórroga de sus concesiones".