¿Seremos capaces? JOSEP M. VALLÈS
El Parlament se enfrentará dentro de unos días con una primera decisión sobre los medios públicos de comunicación: el nombramiento del Consejo de Administración de la Corporación Catalana de RTV. El reciente debate parlamentario sobre el asunto ha generado expectativas de cambio. El tono general de las intervenciones y las resoluciones aprobadas parecían señalar un punto de inflexión. Se ha manifestado la conciencia mayoritaria de que la situación actual es difícilmente sostenible. Con acentos más o menos enfáticos se han denunciado tres grandes defectos: disponer de los medios públicos como i...
El Parlament se enfrentará dentro de unos días con una primera decisión sobre los medios públicos de comunicación: el nombramiento del Consejo de Administración de la Corporación Catalana de RTV. El reciente debate parlamentario sobre el asunto ha generado expectativas de cambio. El tono general de las intervenciones y las resoluciones aprobadas parecían señalar un punto de inflexión. Se ha manifestado la conciencia mayoritaria de que la situación actual es difícilmente sostenible. Con acentos más o menos enfáticos se han denunciado tres grandes defectos: disponer de los medios públicos como instrumentos al servicio de los gobiernos de turno, gestionar sus finanzas sin medida de lo razonable y seguir rebajando la calidad exigible en aras del aumento indiscriminado de la audiencia.Los partidos manifestaron -de manera más o menos entusiasta- su propósito de enmienda. Pero los propósitos no son siempre fáciles de cumplir: sabemos que la carne es débil y el tentador no descansa. El primer test del compromiso asumido ante la ciudadanía se va a dar en la elección de los nuevos consejeros encargados de administrar la CCRTV y de proponer el nombramiento del futuro director general.
Los primeros rumores no son tranquilizadores. Resurge el asunto de las cuotas: ¿cuántos consejeros "me corresponden"? No es un buen arranque, si de lo que se trata es de socializar el control de los medios. Es decir, de devolverlos a la sociedad y no de secuestrarlos en función de criterios partidistas. Los partidos darían ejemplo de que han tomado en serio los compromisos adquiridos en el Parlament si abandonaran el criterio de la cuota partidaria.
Y no menos importante es el acuerdo en el perfil de los consejeros: hombres y mujeres sin responsabilidades directas en los partidos que los proponen, con capacidad probada en la gestión de organizaciones públicas y privadas, con sensibilidad para entender lo audiovisual público como medio de cultura y no de indiscriminada recaudación. A mi juicio, no deben ser los gestores directos de la corporación ni profesionalizarse en el cargo: para ello estará el director general. Pero les corresponderá sentar líneas estratégicas de cara a un futuro complejo. Deberán resistir las presiones de los dirigentes políticos. Les tocará lidiar con las inevitables tendencias corporativas de los profesionales de la información. Y deberán manejarse en medio de una maraña de variables de todo tipo: tecnológicas, económicas, ideológicas.
Podemos preguntarnos si los parlamentarios serán -seremos- capaces de encontrar doce hombres y mujeres de tal calibre, porque no es tarea sencilla. Pero es tarea factible, si existe el propósito sincero de buscarlos en el mundo de la empresa, de la administración, de la cultura o de la universidad. No hay que dejar lugar a la duda social. La provocan quienes ponen ahora sobre la mesa nombres demasiado ligados al aparato de los partidos o excesivamente vinculados al mismo mundo profesional. O quienes -con pretextos- inician maniobras dilatorias para perpetuar la situación interina. Los grupos parlamentarios no pueden vacilar ahora en este empeño, si no queremos correr el riesgo de defraudar de nuevo a quienes han puesto sus esperanzas en el viento de cambio que ha soplado en el país. No sería un buen comienzo.
Josep M. Vallès es diputado por el PSC-Ciutadans pel Canvi.