El PNV acusa a la Diputación de primar el regadío promovido por un alcalde del PP
La polémica entre el PNV y el PP por canalizar las ayudas a los regadíos de Álava se ha trasladado al terreno ético, e incluso a la vía judicial. Los nacionalistas intervinieron ayer en las Juntas Generales para acusar al gobierno foral de haber concedido en octubre una subvención por valor de 483 millones a la comunidad de regantes de La Rioja Alavesa y de la Sonsierra Riojana cuando, en realidad, la Diputación carece de competencias para ese tipo de ayudas. La asociación la preside el alcalde de Laguardia, Javier Sampedro, del PP.
El caso se remonta al 19 de octubre y al 16 de noviemb...
La polémica entre el PNV y el PP por canalizar las ayudas a los regadíos de Álava se ha trasladado al terreno ético, e incluso a la vía judicial. Los nacionalistas intervinieron ayer en las Juntas Generales para acusar al gobierno foral de haber concedido en octubre una subvención por valor de 483 millones a la comunidad de regantes de La Rioja Alavesa y de la Sonsierra Riojana cuando, en realidad, la Diputación carece de competencias para ese tipo de ayudas. La asociación la preside el alcalde de Laguardia, Javier Sampedro, del PP.
El caso se remonta al 19 de octubre y al 16 de noviembre, fechas en que el consejo de diputados aprobó una subvención global "a fondo perdido" de 483 millones de pesetas (2,7 millones de euros) a la comunidad de regantes promovida por el alcalde de Laguardia. Ese dinero sirve para sufragar la compra de una central eléctrica situada en Berganzo (un pueblo situado a menos de cinco kilómetros al norte de Labastida) y el aprovechamiento hidroeléctrico que de ella deriva. La instalación es propiedad de Iberdrola, pero existe un convenio firmado en diciembre de 1997 con el alcalde de Laguardia, Javier Sampedro, por el que éste la compraría en dos fases. En la primera, pagó entonces 25 millones. En la segunda, siempre y cuando se efectúe antes del año 2000, se deben aportar otros 458 millones.Sampedro realizó la operación a título particular, aunque con el compromiso de ceder todos sus derechos a la comunidad de regantes cuando ésta se constituyera legalmente. Porque la comunidad aún se encuentra en fase de formación. La asociación se basa sobre terrenos de la comunidad de La Rioja y de Álava, con un total de 5.000 hectáreas, según afirman los propietarios. Dado que el regadío afecta a las dos comunidades, la competencia sobre este asunto pertenece en exclusiva al Ministerio de Agricultura.
Ahí radican algunas de las críticas del PNV, que entiende que la Diputación alavesa ha privilegiado a una comunidad de regantes que opera sobre una zona que no le compete. El procurador nacionalista Juantxu Martínez presentó ayer ante las Juntas Generales una interpelación para pedir cuentas sobre la subvención. En su contestación, el diputado de Agricultura y Medio Ambiente, Gabriel Chinchetru, calificó el dinero que se ha decidido entregar como "un anticipo" y aseguró que los 483 millones aportados serán "reintegrados" por el Ministerio de Agricultura, aunque no aclaró cuándo ni mediante qué fórmula.
El pasado abril, Loyola de Palacio, en una de sus últimas decisiones como ministra, firmó un protocolo con Javier Sampedro en el que el Gobierno se comprometía a aportar 6.000 millones para extender el regadío en la Rioja Alavesa. Según comentó ayer el diputado foral, "el ministerio no puede desarrollar su trabajo si antes no tiene los medios, es decir, el agua". "Nosotros hemos facilitado el agua al ministerio para que la tenga. Este mes se podrán ver los primeros levantamientos topográficos para regar ña Rioja Alavesa", anunció Chinchetru.
"Vías judiciales"
El PNV, en cambio, no entiende así la maniobra. Asegura que la compra de la central sólo permite aportar electricidad y no agua. "Quedan muchos pasos hasta la obtención de agua", contestó Martínez. Además, anunció la posibilidad de presentar una moción en las Juntas Generales o, incluso, recurrir a "vías judiciales". De momento, ha solicitado un informe jurídico.
En este proceso, se añade un "error administrativo", según calificó ayer el diputado de Hacienda, Juan Antonio Zárate a una rectificación realizada por el consejo de diputados. En un primer consejo, habían aprobado la "compra" de la central eléctrica. Sin embargo, esto no se ajusta a la legalidad, por cuanto la Diputación no puede intervenir en esas operaciones. Por lo tanto, la Diputación cambió los términos de su decisión unos días más tarde y, tras corregir el "error administrativo", aclaró que se trataba de una "subvención".
La polémica se circunscribe en las acusaciones cruzadas en los últimos años entre el PP y el PNV sobre el destino de las ayudas a los regadíos. Los nacionalistas, mientras estuvieron al frente de la Diputación, acusaron al Gobierno de favorecer sólo los regadíos en ayuntamientos donde gobierna el PP. EH ha pedido también la comparecencia de Chinchetru por este asunto.
Protestas de afectados
La ayuda de la Diputación de Álava supone un perjuicio para otros regadíos. Al menos así lo considera la comunidad de regantes Valle Bajo del Inglares, que engloba a cinco pueblos de la zona de Zambrana y donde se han invertido 700 millones. Esta comunidad posee otra central eléctrica en el curso del Inglares (un afluente del Ebro), sólo que queda más abajo que la comprada por la asociación presidida por Javier Sampedro.En la comunidad de Zambrana sospechan que Sampedro conseguirá un cambio de uso para la central porque "es prioritario el riego sobre la producción eléctrica", de modo que pueda extraer agua desde Berganzo. De ese modo, temen que no llegaría caudal suficiente a su central y no podrían bombear agua hacia su regadío. "Están manipulándolo todo por la fuerza que tiene Sampedro en el PP", criticó ayer un representante de la agrupación, que ya ha pedido amparo al Ararteko.