El Senado cambia la Ley Procesal Civil para salvarla
El PP contó ayer en el Senado con el apoyo del PNV,CC e Izquierda Unida para aprobar el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil -al que se opuso el PSOE, mientras CiU se abstuvo-, la principal iniciativa de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Los cambios introducidos en la Cámara alta pretenden salvar la no aprobación por el Congreso de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, necesaria para la aplicación de los aspectos más innovadores de la futura ley.Así, la competencia de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas para resolver recursos de...
El PP contó ayer en el Senado con el apoyo del PNV,CC e Izquierda Unida para aprobar el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil -al que se opuso el PSOE, mientras CiU se abstuvo-, la principal iniciativa de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Los cambios introducidos en la Cámara alta pretenden salvar la no aprobación por el Congreso de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, necesaria para la aplicación de los aspectos más innovadores de la futura ley.Así, la competencia de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas para resolver recursos de casación por infracción procesal queda aparcada hasta que se produzca la reforma de dicha ley orgánica, por lo que, transitoriamente, seguirá resolviéndolos el Tribunal Supremo. En todo caso, ésta y las demás reformas introducidas en el Senado requerirán su aprobación definitiva en el pleno del Congreso de los Diputados, sin la que la futura ley resultaría incongruente, dada la imposibilidad de que los máximos órganos judiciales de las comunidades autónomas resuelvan recursos de casación sin que así lo establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Mariscal de Gante aseguró ante el pleno del Senado que la ley a debate cuenta con el apoyo de pequeñas y medianas empresas, a las que se facilitará el cobro de deudas, y con el de organizaciones de consumidores, ajenos a las rencillas políticas y a las molestias que la ley cause a los operadores de la justicia.
El socialista Hilario Caballero negó que se acorten los procesos, criticó el excesivo formalismo y pidió la retirada de la ley para una mayor reflexión.