Obras Públicas cambió sus criterios al adjudicar la carretera del "caso Ollero"

La 12ª sesión del caso Ollero celebrada ayer -juicio por el supuesto pago de comisiones por parte de la empresa Ocisa a Pedro Llach y Jorge Ollero por mediar en la adjudicación de la carretera Salinas-Las Pedrizas en 1992-, sirvió para conocer los métodos que utilizó la Consejería de Obras Públicas a la hora de adjudicar esta carretera. Por primera vez, la forma de pago, en este caso aplazada, fue determinante para decidir la concesión de la obra, que fue para Ocisa por 2.865 millones.Los tres técnicos de la Consejería, que formaron la comisión técnica que emitió el informe de valoración de la...

La 12ª sesión del caso Ollero celebrada ayer -juicio por el supuesto pago de comisiones por parte de la empresa Ocisa a Pedro Llach y Jorge Ollero por mediar en la adjudicación de la carretera Salinas-Las Pedrizas en 1992-, sirvió para conocer los métodos que utilizó la Consejería de Obras Públicas a la hora de adjudicar esta carretera. Por primera vez, la forma de pago, en este caso aplazada, fue determinante para decidir la concesión de la obra, que fue para Ocisa por 2.865 millones.Los tres técnicos de la Consejería, que formaron la comisión técnica que emitió el informe de valoración de las 63 ofertas de las empresas -Ángel Tavira, como jefe de servicio, José Álvarez y Rafael Garrido-, declararon ayer.

Los funcionarios comentaron que le presentaron un cuadro valorativo de las propuestas al entonces director general de Carreteras, Manuel Ollero, implicado en el caso, teniendo en cuenta la oferta técnica (maquinaria, programación del trabajo,...) y la oferta económica (coste de la obra).

Tavira dijo que, tras una reunión entre Manuel Ollero y el consejero de Obras Públicas, Juan José López Martos, también implicado, el director general le transmitió que tuvieran en cuenta la variante financiera, es decir, el aplazamiento del pago. Ollero también le dijo -según la versión de Tavira- que López Martos "estaba interesado" en adjudicar la obra a Ocisa y que él prefería la concesión a la empresa Focsa.

Los tres funcionarios coincidieron ayer al declarar que había ofertas de otras empresas que superaban, técnica y económicamente a la de Ocisa, que era "buena". Pero el pago aplazado invirtió la balanza hacia dicha empresa.

Los técnicos testificaron que el responsable de la dirección de Carreteras les justificó la inclusión de la variante financiera ya que la Junta se encontraba en un situación económica apurada y "desde 1989 empezó una demora en los pagos por falta de presupuesto". También admitieron que el pago aplazado no estaba especificado en el pliego de condiciones pero que empresas como Sacyr o Ferrovial también lo presentaron en sus propuestas.

Tavira reveló que la carretera finalmente fue adjudicada a Sando por 4.100 millones de pesetas, 1.246 millones más que la propuesta de Ocisa.

También declaró ayer, Maximiliano Navascués, director regional de Ocisa en Andalucía en 1992. Según Navascués, Manuel Ollero le propuso que los pagos fueran en cuatro plazos en lugar de tres como ofertó la empresa: 10 millones en 1992, 750 en 1993 y 2.094 en 1994. Se aceptó mediante un "compromiso verbal" a pesar de que "perjudicaba los intereses de Ocisa", según Navascués. Éste negó cualquier tipo de pago por comisión a nadie y no reconoció su voz en una grabación telefónica en la que se acuerda una entrega de dinero.