Tres cargos municipales de Mataró y Olesa, imputados en el caso AGT

El juez que tramita la querella por presunta estafa contra el ex- diputado autonómico socialista Luis García Sáez y su empresa constructora AGT, citó ayer a declarar como imputados a los responsables de las empresas municipales de promoción urbanística de Mataró y Olesa de Montserrat. El titular del juzgado de instrucción número 14 de Barcelona, Adolfo Fernández Oubiña, interrogará el próximo día 15 de diciembre como inculpados al presidente de la Sociedad PUMSA (Promoción Urbanística de Mataró S. A.) y ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mataró, Salvador Milà Solsona (IC), al gerente...

El juez que tramita la querella por presunta estafa contra el ex- diputado autonómico socialista Luis García Sáez y su empresa constructora AGT, citó ayer a declarar como imputados a los responsables de las empresas municipales de promoción urbanística de Mataró y Olesa de Montserrat. El titular del juzgado de instrucción número 14 de Barcelona, Adolfo Fernández Oubiña, interrogará el próximo día 15 de diciembre como inculpados al presidente de la Sociedad PUMSA (Promoción Urbanística de Mataró S. A.) y ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mataró, Salvador Milà Solsona (IC), al gerente de la sociedad municipal Cesar Rodríguez Fernández, y al consejero delegado de la empresa Olesa Urbana, Enric Martínez.

Con estos, son ya 15 las personas que el magistrado ha imputado en el llamado "caso AGT", por el que se investiga una presunta estafa atribuida a Luis García Sáez, que ha sido denunciado por 16 empresas subcontratadas para la realización de obras públicas entre 1992 y 1995. Estas obras fueron en su mayoría adjudicadas por ayuntamientos gobernados por el PSC.

Los nombres de los tres nuevos imputados fueron facilitados anteayer al juez por los alcaldes de Mataró y de Olesa, los socialistas Manel Mas y Enric Termens, que declararon igualmente como imputados en esta causa junto a los ex dirigentes del PSC Josep María Triginer, uno de los fundadores del partido, y el ex alcalde de Esplugas de Llobregat, Antonio Pérez Garzón, inhabilitado por prevaricación en otra causa judicial.

Triginer y Pérez Garzón estaban en nómina de AGT y cobraban un sueldo mensual de unas 400.000 pesetas sin que apenas pasaran por la empresa, según los denunciantes. Tras las declaraciones prestadas el pasado lunes, el juez no aprecia, por el momento, responsabilidad alguna de los alcaldes.