Matutes sugiere en el Congreso que la Ley de Extranjería quedará para la próxima legislatura

El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, afirmó ayer que "nadie se debe escandalizar" si la Ley de Extranjería no es aprobada en esta legislatura y queda como tarea prioritaria para las Cortes que se elegirán el próximo mes de marzo. Matutes, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, expuso una batería de argumentos en contra de la actual redacción de la ley, y esgrimió los acuerdos de la reciente cumbre de Tampere, con los que se pretende armonizar la legislación sobre asilo e inmigración de los Quince, para pedir cambios profundos en el texto actual pese a estar consensuado con t...

El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, afirmó ayer que "nadie se debe escandalizar" si la Ley de Extranjería no es aprobada en esta legislatura y queda como tarea prioritaria para las Cortes que se elegirán el próximo mes de marzo. Matutes, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, expuso una batería de argumentos en contra de la actual redacción de la ley, y esgrimió los acuerdos de la reciente cumbre de Tampere, con los que se pretende armonizar la legislación sobre asilo e inmigración de los Quince, para pedir cambios profundos en el texto actual pese a estar consensuado con todos los grupos.

La preocupación que ha despertado en el Gobierno la actual redacción de la Ley de Extranjería quedó de manifiesto en las palabras del ministro de Exteriores antes de intervenir ante la Comisión Mixta Congreso-Senado. En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, advirtió sobre los riesgos "de convertir a España en una plataforma objetivo de las mafias que se dedican a la inmigración ilegal".En comisión, que discutió sobre los acuerdos alcanzados en Tampere y sobre los trabajos que está desarrollando este semestre la presidencia finlandesa, Matutes fue más concreto en sus críticas a la proposición de ley, pactada por todos los grupos parlamentarios, incluido el del PP.

De entrada, recordó que el texto que se maneja no es un proyecto de ley del Gobierno, sino "una proposición de ley presentada por CiU" y elaborada "únicamente" en el Parlamento, lo que, en su opinión, no ha permitido a los departamentos ministeriales implicados -entre ellos Asuntos Exteriores- estudiar con detenimiento el texto.

Apoyado en un documento preparado por sus servicios del ministerio, al que tuvo acceso EL PAÍS, desgranó los "defectos graves" que, en su opinión, tiene la proposición de ley en su actual redacción, pendiente de ser aprobada por el pleno del Congreso y de pasar después al Senado. Son los siguientes de acuerdo con el documento preparado en Exteriores:

1. Según las conclusiones de Tampere, a los extranjeros residentes legales hay que irlos equiparando dentro de cada Estado con los propios nacionales. El defecto principal de la proposición de ley es que "esa equiparación de derechos pretende extenderse en muchos casos a todo extranjero, esté en situación legal o ilegal, con lo que ello implica de efecto llamada de ilegales.

2. La concesión unilateral de esos derechos a los extranjeros, al no estar supeditada a reciprocidad del mismo tratamiento a los españoles en esos países, coloca a España en una situación de inferioridad ante una eventual negociación, ya que los beneficios que se pudieran ofrecer ya están concedidos. Citó el caso de españoles que viven en Marruecos durante años sin acceso a la situación legal de residentes.

3. Los acuerdos de Tampere encargan a los Estados que no mantienen fronteras interiores que gestionen con "seriedad, uniformidad y cierto rigor" los flujos migratorios de entrada, ya que pueden afectar directamente en los demás Estados miembros. Es el caso de inmigrantes magrebíes que pasan por España camino de Francia o de otros países del norte de Europa.

4. Para Exteriores, la proposición de ley prevé una serie de mecanismos de regularización que, en su opinión, "no pasarán inadvertidos para nuestros socios europeos". Concretamente se refiere a una "regularización general con ocasión de entrada en vigor, contingentes anuales de inmigración y una especie de mecanismo permanente de regularización a través del empadronamiento municipal".

Además, el ministro apuntó a las "disposiciones sobre reagrupación familiar, o incluso, admisión de estudiantes, que tal y como están redactadas, suscitan dudas por una excesiva generosidad.

5. La regulación sobre la expedición de visados, y la necesidad de motivar su denegación y la apertura de los consiguientes recursos judiciales, es otro escollo importante para Exteriores. Matutes apuntó que ello podría llevar a un colapso de la ya muy atareada Justicia española, ya que hoy por hoy la concesión de los visados es un acto discrecional.

6. La expulsión de extranjeros en situación irregular, la regulación de los procedimientos de extranjería, el tratamiento de los extranjeros indocumentados, deben ser también cuidadosamente estudiadas en opinión de Exteriores.

Para que no todo sean críticas, el documento preparado por Exteriores apunta aspectos positivos en la proposición de ley. Así, en plena sintonía con los acuerdos de Tampere, aparece la necesidad de penalizar las actividades de quienes se dedican al tráfico de seres humanos. "Es la única cuestión que sí contempla la proposición de ley y que, tras un primer examen, parece la aportación más positiva, ya que prevé una modificación del Código penal para crear nuevos tipos espécificos en esta materia".

Antoni Costa, portavoz socialista, y José Navas, de IU, subrayaron la contradicción que supone que una parte del Gobierno cargue contra la opinión de su grupo parlamentario, que apoyó la proposición no de ley, y que incluso se oigan voces discrepantes dentro del propio Ejecutivo de José María Aznar.

Costa sentenció: "El Gobierno se ha metido en un buen lío". Matutes negó, de paso, que haya discrepacias en el Gobierno sobre el tema y afirmó rotundo que en el Consejo de Ministros la posición es "una, única e indivisible". Apuntó la posibilidad de que se aprube, "si se mejora". De lo contrario, debería quedar para la próxima legislatura y alejarla de la "demagogia" electoral.