El Consell tolera el asilo que la inspección aconseja cerrar porque "no existe riesgo para la salud" de los ancianos
"No se cierra porque no existe riesgo para la salud". La Consejería de Bienestar Social respondió ayer de esta manera ante el expediente abierto sobre la residencia de la tercera edad Mediterráneo, en Formentera del Segura, que recomienda el cierre de la misma si no se reconducen las irregularidades detectadas. Este centro no tiene la autorización de apertura por parte de Bienestar Social y únicamente cuenta con licencia municipal, un requisito insuficiente por sí mismo para funcionar de forma completamente legal. Fuentes de la consejería señalaron que no se procederá al cierre ya que, además ...
"No se cierra porque no existe riesgo para la salud". La Consejería de Bienestar Social respondió ayer de esta manera ante el expediente abierto sobre la residencia de la tercera edad Mediterráneo, en Formentera del Segura, que recomienda el cierre de la misma si no se reconducen las irregularidades detectadas. Este centro no tiene la autorización de apertura por parte de Bienestar Social y únicamente cuenta con licencia municipal, un requisito insuficiente por sí mismo para funcionar de forma completamente legal. Fuentes de la consejería señalaron que no se procederá al cierre ya que, además de no poner en peligro la salud de los residentes, están esperando a que los propietarios subsanen "los detalles que le faltan" para ajustarse a los requisitos que establece la ley de Servicios Sociales, aprobada por el Ejecutivo popular en 1997. El expediente de cierre incoado por Bienestar Social a principios de año, como reconoció la propia responsable del centro, responde a que la residencia no se ajusta a las condiciones arquitectónicas. Los propietarios del geriátrico aseguran que han adquirido una parcela junto a la residencia actual para construir un asilo conforme a los requisitos que exige la ley.Sin licencia
De igual forma se responderá con la residencia de El Campello que también carece de licencia de apertura y las "cerca de 60 residencias" que aún no cuentan con el preceptivo permiso de la Administración autonómica. La consejería remitió a las declaraciones vertidas por la consejera de Bienestar Social, la popular Carmen Mas, en su comparecencia del miércoles en las Cortes. Mas señaló que es frecuente que los expedientes sancionadores incoados tras la denegación de la autorización se suspenda provisionalmente "en la medida que se realizan las gestiones necesarias para adecuarse a las exigencias" normativas. La consejera achacó parte de las irregularidades de las residencias al "crecimiento desmesurado que estos recursos tuvieron a principio de la década de 1990" y a la "la falta de controles administrativos y de calidad" que, señaló, existía entonces.
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