El Gobierno valenciano redujo las exigencias para concertar con asilos

Hasta la llegada de la Administración popular al Consell valenciano, toda residencia privada que concertara sus servicios con la Administración tenía que cumplir con unos requisitos más exigentes que la simple autorización: la acreditación. La ley de Servicios Sociales aprobada en 1997 por el Gobierno presidido por Eduardo Zaplana eliminó esta figura e incluyó la posibilidad de mantener abiertos los centros con una autorización condicionada.

La Ley de Servicios Sociales 5/97 abrió la puerta al funcionamiento de residencias de la tercera edad a pesar de que no se adecuaran a las condicio...

Hasta la llegada de la Administración popular al Consell valenciano, toda residencia privada que concertara sus servicios con la Administración tenía que cumplir con unos requisitos más exigentes que la simple autorización: la acreditación. La ley de Servicios Sociales aprobada en 1997 por el Gobierno presidido por Eduardo Zaplana eliminó esta figura e incluyó la posibilidad de mantener abiertos los centros con una autorización condicionada.

La Ley de Servicios Sociales 5/97 abrió la puerta al funcionamiento de residencias de la tercera edad a pesar de que no se adecuaran a las condiciones necesarias. En una disposición transitoria, la ley -que sustituyó una anterior de la Administración socialista de 1989- otorga un plazo máximo de hasta tres años para el cumplimiento de "determinados requisitos" para la total adecuación de los centros "siempre que no afecten al bienestar y la seguridad de los usuarios", sobre los que la consejería es el único juez. De esta forma, residencias sin autorización firme prestan sus servicios sin que la Consejería de Bienestar Social actúe sobre ellas por este motivo, como admitió la propia responsable del departamento al referirse a la residencia Levante, de Formentera del Segura (Alicante), en la que murieron 25 de los 35 ancianos que se albergaron en ella durante los 16 meses que estuvo abierta. "El motivo del cierre no es tanto que no tuviera autorización, lo que podría ser subsanable", afirmó Carmen Mas, "sino el hecho de que los ingresados requerían asistencia sanitaria y no había ningún facultativo.En la provincia de Alicante funcionan sin permiso las residencias La casa de la primavera, en El Campello; Mediterráneo, también en Formentera; Punta Margalla, en Torrrevieja, y Villa luna, en Villafranqueza. La propietaria de una de estas cinco residencias ilegales reconocidas y toleradas por la consejería -a las que se suman otras cuya existencia ignora la Generalitat- abundó ayer en la "lentitud de los trámites administrativos". Justificó la situación pirata de su establecimiento al encontrarse en "trámites de concesión" la autorización. La quincena de residentes que alberga están "bien cuidados", si bien reconoce que al abrir estas clínicas, "tienes que acoger a personas en situación terminal".

Además de este asidero legal que la consejería brinda a las residencias que incumplen las condiciones de autorización, la Administración rebajó el listón de las exigencias a las que se debían plegar las residencias que concertaban sus servicios con Bienestar Social. La normativa anterior exigía a estos centros cumplir con la figura legal de la acreditación, que sumaba a los requisitos de la autorización, nuevas condiciones. Entre ellas, comunicar a la Dirección General de Servicios Sociales las altas y bajas de usuarios, disponer de un reglamento en el que figure la gestión democrática del centro, los órganos de participación, las normas de funcionamiento y una regulación clara del precio de los servicios y del sistema de admisiones y bajas.

La Administración popular suprimió estas condiciones para concertar plazas e impulsó la relación con las empresas privadas a través de los llamados "bonos-residencia". Este sistema consiste en una ayuda que recibe el usuario directamente para subvencionar los costes de su ingreso en una residencia privada. La medida se potenció con el argumento de paliar las deficiencias de la red pública y de apoyar la libertad de elección de los ancianos, con la intención de que los residentes, a través de sus preferencias de centros privados, primaran a los mejores. Para el funcionamiento de este mercado libre de residencias, es fundamental el elevado número de establecimientos privados, razón por la cual, fuentes sindicales apuntan a la relajación de los servicios de inspección. La dotación presupuestaria asignada a este programa certifica la apuesta del Gobierno de Eduardo Zaplana por este sistema frente a la opción de invertir en residencias públicas. El bono-residencia recibirá en el año 2000 2.700 millones de pesetas frente a los 1.700 millones de este año.

La Comunidad Valenciana cuenta con 0,7 plazas en centros públicos por cada 100 personas mayores de 65 años, uno de los índices más bajos de todo el Estado, por debajo de la mitad de la ratio recomendada, cifrada en 1,5 por 100 mayores.