La Fiscalía investigará si hay delito en el asilo Levante

La consejería de Bienestar Social, en contra de lo que inicialmente afirmó su titular Carmen Más, sí dará traslado a la Fiscalía del expediente abierto a la clausurada residencia de la tercera edad Levante, en Formentera de Segura, por si las irregularidades descubiertas en el centro fueran constitutivas de delito. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, José Antonio Romero, confirmó que ayer mantuvo una reunión con los asesores jurídicos de Bienestar Social."Hemos quedado que el próximo lunes se dará traslado del expediente a la Fiscalía", dijo Romero. "Con la documentación en ...

La consejería de Bienestar Social, en contra de lo que inicialmente afirmó su titular Carmen Más, sí dará traslado a la Fiscalía del expediente abierto a la clausurada residencia de la tercera edad Levante, en Formentera de Segura, por si las irregularidades descubiertas en el centro fueran constitutivas de delito. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, José Antonio Romero, confirmó que ayer mantuvo una reunión con los asesores jurídicos de Bienestar Social."Hemos quedado que el próximo lunes se dará traslado del expediente a la Fiscalía", dijo Romero. "Con la documentación en la mano, estudiaremos sin los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito o no. Hasta ahora no hemos tomado ninguna decisión, porque simplemente no teníamos constancia de ninguna denuncia. La fiscalía de incapacidades se limita a inspeccionar las residencias legales, pero no las ilegales", añadió el fiscal jefe.

Carmen Mas descartó ayer que su departamento mantenga abiertas residencias sin licencias para la tercera edad por la falta de plazas que ofertan las autorizadas, como ayer apuntó el fiscal de Incapacidades. Al respecto, Mas matizó que si no se cierran asilos sin permiso es porque Bienestar no tiene conocimiento de su existencia o porque no existe motivo para ello, ya que existe el recurso de bono-residencias mediante el cual la consejería financia la estancia de los ancianos en los centros privados. Asimismo, sobre la falta de inspectores, comentó que la Ley de Servicios Sociales, que se está desarrollando, determinará cuántos inspectores se requieren para garantizar la calidad de los servicios de estos centros.

Por su parte, el gerente de la residencia Levante, José María Avilés, aseguró ayer que su abogado estudia iniciar acciones legales para "defender" su nombre y el de la residencia, "pues el daño social y económico" al que está "sometido es irreparable". Avilés entiende que ha habido una "motivación política" en la que ha sido elegido como "cabeza de turco".