El PSOE extiende más allá de 1996 las anomalías contables del PP en la Comunidad

El PSOE e IU coincidieron en responsabilizar al Gobierno regional por las anomalías contables destapadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de la Comunidad de Madrid de 1996, el primer año gobernado íntegramente por Alberto Ruiz-Gallardón, del PP. Para el PSOE, estas irregularidades -entre ellas, primar en las adjudicaciones de obras del metro las ofertas medias, frente a las más baratas- se extienden más allá de ese periodo e incluso se han agravado, como en el caso del intercambiador de la avenida de América. Izquierda Unida, por su parte, anuncia que reclamará la creación de una comis...

El PSOE e IU coincidieron en responsabilizar al Gobierno regional por las anomalías contables destapadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de la Comunidad de Madrid de 1996, el primer año gobernado íntegramente por Alberto Ruiz-Gallardón, del PP. Para el PSOE, estas irregularidades -entre ellas, primar en las adjudicaciones de obras del metro las ofertas medias, frente a las más baratas- se extienden más allá de ese periodo e incluso se han agravado, como en el caso del intercambiador de la avenida de América. Izquierda Unida, por su parte, anuncia que reclamará la creación de una comisión de investigación si las explicaciones del Gobierno regional no le convencen.

El secretario general de la Federación Socialista Madrileña, Jaime Lissavetzky, aprovechó el varapalo del Tribunal de Cuentas (véase EL PAÍS del sábado) para reinterpretar a su luz la definición que dio Ruiz-Gallardón de su primer Ejecutivo -"el Gobierno de los mejores"- y concluir que quedaba en evidencia su "ineficacia y opacidad". Para el líder de los socialistas madrileños, uno de los apartados más oscuros puestos de relieve por el Tribunal de Cuentas corresponde a la Consejería de Economía, que dirige Luis Blázquez. El informe de los auditores públicos revela que este departamento encargó una campaña de publicidad institucional por 150 millones de pesetas sin que se conozca la "finalidad" real de la iniciativa ni cómo se calculó su presupuesto."Es un exceso de gasto; Economía debería haberlo destinado a su verdadero fin, que es generar empleo. Eso es algo que ya reclamamos en su día y en lo que ahora nos da la razón el Tribunal de Cuentas", afirmó Lissavetzky.

El método de adjudicación de obras -primar la oferta media, frente a la más barata- fue considerado por el secretario general de la FSM como un "atajo". "No es que sea arbitrario, sino que no asegura que se elige la mejor oferta. Hay un concepto, la denominada baja temeraria, que establece como límite el 20% por debajo del precio medio, y que podría haberse utilizado", remachó Lissavetzky, quien mantuvo que la falta de transparencia se extiende a otras obras posteriores de la Comunidad. Éste es el caso, según el dirigente socialista, del intercambiador de la avenida de América. "Pedimos hace más de un año en la Asamblea información por escrito sobre esta obra, que no se nos ha facilitado. Sospechamos que hay graves defectos en la adjudicación y un incremento de precios que se aleja de los presupuestos iniciales", manifestó el portavoz parlamentario del PSOE.

Para Lissavetzky, otro de los aspectos opacos de la gestión de Ruiz-Gallardón que ha destapado el informe del Tribunal de Cuentas es la ocultación mediante ingeniería financiera de la deuda autonómica generada por las obras públicas.

"Deuda bajo la alfombra"

"Han puesto la deuda bajo la alfombra para cumplir los criterios de convergencia", subrayó el secretario general de la FSM, quien aprovechó la ocasión para reclamar la puesta en marcha de un Tribunal de Cuentas autonómico, una medida aprobada por la Asamblea y cuyo plazo de ejecución, insistió Lissavetzky, cumple en breve.Fernando Marín, coordinador del grupo parlamentario de IU, considera que "si el Tribunal de Cuentas encuentra graves irregularidades debe denunciarlas". El diputado avanza que su grupo reclamará explicaciones al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid. "Y si éstas no son suficientes pediremos que se cree una comisión de investigación para aclarar las irregularidades", anuncia.

Sin embargo, Marín no critica de forma tajante que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón haya adjudicado contratos por valor de más de 20.000 millones a las empresas con ofertas más caras y el hecho de haber desechado las más baratas porque sus propuestas se alejaban demasiado del precio medio. "No nos fijamos tanto en eso como en que no se hayan primado valores que para nosotros son mucho más importantes, como son la seguridad en el trabajo y el medio ambiente". El coordinador del grupo parlamentario de IU reclama que las empresas que mejor defiendan estos dos conceptos deben ser siempre puntuadas mejor.

La Comunidad, en sus alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, defiende las adjudicaciones a las empresas que más se acercan al precio medio, porque "una baja excesiva podría imposibilitar el incumplimiento del contrato". El tribunal lo considera "incoherente".