Política y economía
La política y la economía son territorios autónomos, pero no independientes. La idea de una economía sin controles políticos es absurda; la economía consiste en un sistema de medios que se ponen al servicio de determinados fines políticos. Como ha demostrado Touraine en su último libro, ¿Cómo salir del liberalismo?, existe una inmensa distancia entre decir "es necesario liberar la economía de la ruinosa intervención del Estado y de los modos de gestión demostrados ineficaces" y decir "es necesario que los mercados se regulen por sí mismos, sin intervención exterior".La política y la economía s...
La política y la economía son territorios autónomos, pero no independientes. La idea de una economía sin controles políticos es absurda; la economía consiste en un sistema de medios que se ponen al servicio de determinados fines políticos. Como ha demostrado Touraine en su último libro, ¿Cómo salir del liberalismo?, existe una inmensa distancia entre decir "es necesario liberar la economía de la ruinosa intervención del Estado y de los modos de gestión demostrados ineficaces" y decir "es necesario que los mercados se regulen por sí mismos, sin intervención exterior".La política y la economía se contaminan, pues, en el mejor sentido. Pero también en el peor: cuando se descompensan por exceso o por defecto. Hay numerosos casos, en los últimos tiempos, de excesos de interferencias, lo que se hace más notable cuando quienes las practican lo hacen además amparados en el calificativo amplio de liberales.
Un ejemplo puntual lo hemos tenido hace unas fechas cuando se ha visto inmerso en las luchas de poder del congreso de un partido a una persona que, por los cargos que ejerce, debería estar por encima de las refriegas partidistas. Se trata de Luis Ramallo, antaño fogoso diputado del Partido Popular, retirado en esta legislatura a los silentes sillones de la vicepresidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNNV) y, por ello, del consejo del Banco de España. Ramallo ha tomado posiciones en la batalla por la dirección del Partido Popular en Extremadura. Preguntado en una entrevista si temía por sus cargos después de esta intervención, Ramallo respondió que legalmente nadie podía obligarle a cesar. Pero no se trata de una cuestión de legalidad, sino de estética. Este periódico sabe de la incomodidad que a algunos de sus colegas en la CNMV y en el Banco de España les ha causado la aparición de Ramallo, de nuevo, en primera línea de fuego política.
Otro ejemplo, éste más extendido y alarmante, se está dando casi de forma continua en el mundo de las cajas de ahorro. No se trata tan sólo del hecho de que en algunas de estas instituciones -que suponen aproximadamente la mitad del conjunto del sistema financiero- vayan a ocupar sus presidencias de forma directa algunos políticos muy reconocidos por su actividad en este último mundo (el último caso, por ahora, es el del socialista Juan Pedro Hernández Moltó en la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha), sino la constatatación de que algunos de los supervisores y reguladores de las cajas de ahorro estén interfiriendo, cada vez más, en sus objetivos y resultados. Es distinto, por ejemplo, que las comunidades autónomas intervengan en la distribución del excedente de una caja en cuestión (la obra benéfico social), que en la asignación de recursos de la misma, reinventando, por vía indirecta, aquellos coeficientes de inversión obligatoria que tenía el sector financiero español durante el franquismo y los primeros años de la transición.
El grado de politización de las cajas de ahorro, que siempre ha existido, ha crecido en los últimos años, hasta el punto de que corre el peligro de que en algunos casos haya instituciones que pueden ser utilizadas por algunos gobiernos autónomos como una especie de Presupuesto B o como un mecanismo de clientelismo muy certero. Ello está favorecido por el hecho de que las cajas están sujetas a singulares pautas de gobierno, y por la relación atípica entre la propiedad y el control. La contradicción está en que, en buena parte, se está pidiendo al zorro (el poder político) que regule el gallinero (las cajas de ahorro). Pero ¿es más zorro José Bono que Emilio Botín?
La crítica a la politización de las cajas -complicada por el hecho de que el complejo sistema autonómico haga diferente cada caso- lleva a algunos a exigir su privatización, lo cual no tiene ninguna relación directa. La existencia de las cajas de ahorro (muchas de las cuales son a nivel local la primera institución financiera) ha permitido que se multiplique el proceso de concentración de la banca española (los megabancos BSCH o BBV) sin que se reduzca en demasía la competencia. ¿Quiénes serían los adquirentes primeros de las cajas si se privatizasen?: los grandes bancos, con lo cual el grado de concentración sería aún muy superior. Algunas críticas son muy intencionadas.