El rechazo a la Ley del Poder Judicial bloquea el 30% de la reforma procesal

El rechazo del Congreso a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por falta de los votos necesarios deja sin posibilidad de aplicación el 30% de la futura Ley de Enjuiciamiento Civil, según cálculos parlamentarios y profesionales. Estos últimos han criticado, además, que la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, mantenga el texto normativo a toda costa pese al revés que su proyecto estrella sufrió en el hemiciclo el pasado jueves.

Representantes de los profesionales más afectados por la reforma del proceso civil -los secretarios judiciales- aseguraron ayer, en c...

El rechazo del Congreso a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por falta de los votos necesarios deja sin posibilidad de aplicación el 30% de la futura Ley de Enjuiciamiento Civil, según cálculos parlamentarios y profesionales. Estos últimos han criticado, además, que la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, mantenga el texto normativo a toda costa pese al revés que su proyecto estrella sufrió en el hemiciclo el pasado jueves.

Representantes de los profesionales más afectados por la reforma del proceso civil -los secretarios judiciales- aseguraron ayer, en coincidencia con lo manifestado desde fuentes parlamentarias de la oposición, que los 11 artículos de la ley orgánica que no fueron aprobados "provocan la inaplicación de más de un 30% de la Ley de Enjuiciamiento Civil".La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) considera "un error de la ministra de Justicia que se mantenga el texto normativo a toda costa y a pesar del revés que ha supuesto el rechazo del Congreso a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial". La UPSJ reprocha a Margarita Mariscal de Gante que haya desoído al Consejo General del Poder Judicial y no haya atribuido a los secretarios "funciones procesales propias, (...) susceptibles de recurso ante el juez".

Por su parte, los abogados entienden que la devolución de dicho proyecto de ley "hace inviable la puesta en práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil", según el presidente del Consejo de la Abogacía, Eugeni Gay.

En cualquier caso, la futura ley tendrá que renunciar a uno de sus elementos clave: la reforma del recurso de casación. La atribución de tal recurso a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas cuando se aleguen vulneraciones procesales exige una modificación importante de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, que los confía a la Sala Civil del Tribunal Supremo en todos los casos.

Otros aspectos relacionados con el papel del juez -mucho más pasivo en el nuevo proceso- o del secretario judicial exigen también, para poder aplicarse, la reforma de la ley orgánica del poder judicial.

En todo caso, una vez aprobado por el Congreso el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, con votaciones holgadas que configuraron en algunos casos mayorías superiores a los 300 votos (del total de 350 diputados), la tramitación parlamentaria impone su paso al Senado, donde el partido del Gobierno cuenta con mayoría absoluta.

La renuncia a reformar la casación y a otras novedades legislativas permitirá al PP sacar adelante su Ley de Enjuiciamiento Civil, pero notablemente recortada. Otra posibilidad sería mantenerla básicamente como está y esperar que un nuevo dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso obtenga la aprobación del pleno de la Cámara.