Educación renuncia a demandar a quienes falsean datos para elegir colegio

La Delegación de Educación de Málaga no denunciará ante la Fiscalía a los padres que falsearon datos de la renta para obtener plaza en un colegio determinado. Aunque cuando se descubrieron las irregularidades se barajó esa posibilidad, finalmente ha desistido por dos razones: para no caldear los ánimos de los tutores, que han amenazado con no llevar a sus hijos a los colegios alternativos asignados, y porque no hay suficientes fundamentos jurídicos. Educación dio ayer por cerrado el proceso de escolarización. La Junta tampoco investigará anomalías en el empadronamiento, denunciadas por padres...

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La Delegación de Educación de Málaga no denunciará ante la Fiscalía a los padres que falsearon datos de la renta para obtener plaza en un colegio determinado. Aunque cuando se descubrieron las irregularidades se barajó esa posibilidad, finalmente ha desistido por dos razones: para no caldear los ánimos de los tutores, que han amenazado con no llevar a sus hijos a los colegios alternativos asignados, y porque no hay suficientes fundamentos jurídicos. Educación dio ayer por cerrado el proceso de escolarización. La Junta tampoco investigará anomalías en el empadronamiento, denunciadas por padres que falsearon la renta y que habrían permitido a otros alumnos obtener los puntos por proximidad. Educación investigó 200 solicitudes y detectó 61 falsificaciones. En estos casos, anuló los puntos obtenidos con datos apócrifos y repitió el sorteo entre los alumnos con la misma puntuación, incluidos aquellos cuyos padres habían falseado la renta. De éstos, 23 consiguieron plaza en el centro elegido. A los 38 restantes se les asignará un colegio alternativo. El proceso no ha sido fácil. El lunes una madre cuyo hijo quedó excluido, se hizo con el bombo del sorteo y amenazó con tragarse una de las bolas. La tensión obligó a intervenir a la policía. El delegado, Juan Alcaraz, recordó ayer a aquellos padres que han amenazado con no escolarizar a sus hijos que la enseñanza es obligatoria y propuso que el año próximo, la orden de la Junta que permite cotejar los datos de la renta precise qué pasos seguir en casos como el de Málaga.

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