El fiscal respalda la personación de los abogados de Pinochet
La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó ayer un informe en el que se muestra a favor de la personación de los abogados del general Augusto Pinochet en la causa que tiene abierta en España, dado que el ex dictador está detenido y a disposición del juzgado. Algunas de las acusaciones personadas ya en el proceso han anunciado que se opondrán a que los abogados de Pinochet puedan tener acceso a las actuaciones.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional esgrimió los artículos 17.3 y 24.2 de la Constitución, que garantizan el derecho de defensa y asistencia de abogado al detenido y a utiliza...
La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó ayer un informe en el que se muestra a favor de la personación de los abogados del general Augusto Pinochet en la causa que tiene abierta en España, dado que el ex dictador está detenido y a disposición del juzgado. Algunas de las acusaciones personadas ya en el proceso han anunciado que se opondrán a que los abogados de Pinochet puedan tener acceso a las actuaciones.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional esgrimió los artículos 17.3 y 24.2 de la Constitución, que garantizan el derecho de defensa y asistencia de abogado al detenido y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y no declararse culpable.El fiscal adscrito al caso, Ignacio Peláez, informó a favor de la personación solicitada al juzgado por los abogados del general en España, José María Stampa y Fernando Escardó, dado que Pinochet no está en situación de rebeldía sino que se encuentra detenido y a disposición del juzgado. El informe del fiscal refleja también que a Pinochet no se le ha dado opción para que se persone voluntariamente en el proceso contra él, según fuentes jurídicas.
El fiscal menciona también el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual "toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho". Asimismo, la fiscalía invoca también el artículo 520 de la misma ley sobre el derecho de todo detenido o preso a designar abogado que le asista en las diligencias policiales y judiciales o a que se le proporcione uno de oficio si el preso no lo designa.
Frente a este arsenal normativo, alguno de los letrados de la acusación, -hay 17 abogados que representan a las víctimas de la dictadura en el proceso contra Pinochet- ya ha anunciado que se opondrá a que los defensores de Pinochet puedan personarse en el proceso para tener acceso a las actuaciones y pedir la práctica de diligencias. Según los abogados de las víctimas, Pinochet no está en realidad a disposición del juez instructor Baltasar Garzón, sino del tribunal londinense de Bow Street, que es el que tramita su extradición.
Las acusaciones también aducirán la falta de precedentes o puede que incluso algún antecedente en contra de que un detenido pendiente de extradición en el país requerido pueda personarse en las actuaciones en España.
Sin reconocer jurisdicción
Además, los acusadores incidirán sobre la cláusula de reserva de jurisdicción establecida por los abogados de Pinochet en el escrito de personación, en el que anunciaban que su pretensión de actuar en el proceso no implicaba reconocer que la jurisdicción española puede juzgar los crímenes de la dictadura chilena.En esa línea, los representantes de las acusaciones argumentan que los abogados del general quieren utilizar los tribunales españoles sin reconocer su jurisdicción.
Tras el informe del fiscal, se ha abierto un plazo para que las acusaciones expongan sus respectivos pareceres y después resolverá el juez. Aunque en la actualidad es el titular del Juzgado central número uno, Juan del Olmo, el que tramita el incidente de personación, será previsiblemente Garzón el que resuelva la petición de los defensores cuando se reincorpore a su despacho en septiembre.
Entretanto, en La Rábida, (Huelva), el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, rehusó hacer declaraciones sobre el caso Pinochet porque "la postura de la Fiscalía es de sobra conocida". Por otra parte, el Gobierno chileno está seleccionando un médico que realice un chequeo al ex dictador Augusto Pinochet tras cumplir 10 meses de libertad vigilada en Londres, según anunció el ministro de Exteriores, Juan Gabriel Valdés.
Aunque Valdés no descartó que se designe a un médico chileno, señaló que no se realiza por desconfianza a los análisis realizados al ex dictador, sino porque cree necesario tener una información directa. "Estamos esperando el momento adecuado, probablemente a principios de septiembre, para realizar un examen médico y contar con elementos más definitivos sobre la situación de su salud", agregó.
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