Valores supremos

La recrudecida polémica en torno al caso Pinochet está poniendo de manifiesto los intereses en juego en un tema que por su carácter excepcional está llamado a tener grandes repercusiones internacionales. El nuevo fuego cruzado tiene que ver con la solicitud por el Gobierno chileno al español de un arbitraje amistoso que evite la entrega del dictador para hacer frente a las acusaciones del juez Garzón. Esa petición in extremis se produce a menos de dos meses de la apertura del proceso de extradición en la capital británica. La decisión de Garzón de pedir a Exteriores aclaraciones sobre la solic...

La recrudecida polémica en torno al caso Pinochet está poniendo de manifiesto los intereses en juego en un tema que por su carácter excepcional está llamado a tener grandes repercusiones internacionales. El nuevo fuego cruzado tiene que ver con la solicitud por el Gobierno chileno al español de un arbitraje amistoso que evite la entrega del dictador para hacer frente a las acusaciones del juez Garzón. Esa petición in extremis se produce a menos de dos meses de la apertura del proceso de extradición en la capital británica. La decisión de Garzón de pedir a Exteriores aclaraciones sobre la solicitud chilena y los documentos relativos al caso enviados a Santiago, que podrían, según el juez, estar protegidos por el secreto del sumario, va a exigir respuestas, a pesar de los obstáculos que una y otra vez sigue poniendo la Fiscalía de la Audiencia. El PSOE, por su parte, ha exigido en el Congreso estos documentos. Nada se resolverá probablemente hasta el mes próximo. Pero, con independencia de sus resultados, el procedimiento no debe oscurecer lo innegable: el caso Pinochet debe continuar en la vía de los tribunales.Contra la pretensión del Ejecutivo de someter a consulta del Consejo de Estado la posibilidad de ejercitar el mecanismo de arbitraje se han pronunciado casi unánimemente tanto los expertos como las fuerzas políticas. El recurso al arbitraje amistoso no sólo afectaría groseramente a la independencia judicial: supondría un claro abuso de los propósitos de un mecanismo ideado para solventar contenciosos internacionales de clara competencia gubernamental, como los económicos o territoriales, por ejemplo.

Pinochet está detenido en Londres con todas las bendiciones y garantías del derecho internacional. El Tribunal Supremo británico -la Cámara de los Lores- ha decidido por partida doble (la segunda vez limitando cronológicamente el alcance de la responsabilidad) contra la inmunidad soberana del dictador chileno por los crímenes de que se le acusa. Una salida pactada prescindiendo de la vía judicial tendría consecuencias incalculables para la defensa de los derechos humanos. Aparte de una burla a la memoria de las víctimas, un hipotético arreglo entre Gobiernos abriría una incontrolable vía de escape para actuales o futuros torturadores o genocidas, amparados en la cúspide del Estado y protegidos en sus países respectivos por leyes que les hacen inmunes.

El caso Pinochet es un laboratorio para el derecho internacional. El resquicio abierto contra la impunidad de los represores, resquicio que la evolución del derecho tiende afortunadamente a agrandar, no puede ser dinamitado con arreglos extrajudiciales. Muchos países disponen de instrumentos de presión sobre otros, que pueden llegar a ser formidables en el caso de los más poderosos. Chile, indudablemente, también los tiene con España. Pero en la balanza están implicados valores superiores. Y el principal es que los responsables de delitos de lesa humanidad deben responder de ellos ante la justicia.

Se entiende la inquietud del Gobierno de Aznar ante la perspectiva de un Pinochet desembarcado en Barajas, dados los intereses económicos y políticos en juego. Pero Madrid ha ido en este terreno tan lejos como ha podido. El ministro Matutes ya explicó a los chilenos que el Gobierno ha agotado su margen de maniobra transmitiendo a Londres que no se opondrá a que interrumpa la extradición de Pinochet por motivos humanitarios. Se entiende menos la actitud de la Fiscalía de la Audiencia, decantada militantemente en favor de las tesis chilenas desde que se inició el proceso. La guinda, por ahora, la constituye la petición del fiscal Pedro Rubira del 29 de julio de solicitar la anulación del auto de prisión. Sorprende todo el escrito, pero especialmente el argumento de que el delito de torturas que se imputa a Pinochet no corresponde con su equivalente español, o las comparaciones con el Rey. La fiscalía ya nos sorprendió afirmando que el golpe militar sólo pretendía restaurar la legalidad democrática. Ahora pretende internarse en la subjetividad de los torturadores para distinguir si hacían su trabajo para sacar información o sólo para aterrorizar. Todo un trabajo de zapa que sonroja a cualquier mentalidad democrática.