El PSOE insta a la renegociación inmediata del sistema de financiación

El PSOE insta al Gobierno y a todas las fuerzas políticas a que en septiembre se afronte la renegociación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, cuya vigencia concluiría en el año 2001, con el fin de que el próximo presidente no se vea forzado a aceptar las demandas de los nacionalistas a cambio de su apoyo en la sesión de investidura. Llegar a un acuerdo, dicen los socialistas, no debería ser un problema, ya que todos los firmantes del anterior dan por sentado que "el modelo ha sido un fracaso".

La réplica del PSOE a los datos del Gobierno sobre la liquidación de la ...

El PSOE insta al Gobierno y a todas las fuerzas políticas a que en septiembre se afronte la renegociación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, cuya vigencia concluiría en el año 2001, con el fin de que el próximo presidente no se vea forzado a aceptar las demandas de los nacionalistas a cambio de su apoyo en la sesión de investidura. Llegar a un acuerdo, dicen los socialistas, no debería ser un problema, ya que todos los firmantes del anterior dan por sentado que "el modelo ha sido un fracaso".

La réplica del PSOE a los datos del Gobierno sobre la liquidación de la financiación autonómica de 1997 la asumieron ayer su responsable de Asuntos Económicos, Juan Manuel Eguiagaray; el secretario de Política Autonómica, Ramón Jáuregui, y el senador Octavio Granados, portavoz de la Comisión de Presupuestos.La cláusula de garantía introducida en los últimos Presupuestos, a través del artículo 87, ha permitido que las comunidades firmantes del modelo no hayan salido muy perjudicadas, explicaron. Pero, en definitiva, la inyección de dinero adicional era necesaria ante la caída de los ingresos derivados del IRPF, que sólo supusieron un 2,86% cuando la previsión era de más del 6%. "Se ha demostrado que el sistema por sí sólo no funciona", afirmó Jáuregui. Para los socialistas, pues, la situación se ha salvado por "un parche".

En función de las circunstancias, el PSOE insta ahora al Gobierno y a todas las fuerzas a que en septiembre empiece la renegociación del modelo para que cuando se celebren las elecciones generales, en el año 2000, existan ya unas bases de acuerdo entre todos los partidos, de manera que no sea objeto de controversia.

Jáuregui incluso advirtió: "El sistema de financiación no puede estar en el corazón de la investidura del presidente porque sería muy malo que una minoría mayoritaria tuviera que negociarla con un partido nacionalista", en alusión a lo que, según los socialistas, ocurrió en 1996 entre los populares y Convergència i Unió.

De acuerdo con los cuadros elaborados por el PSOE, el modelo actual no sólo no ha beneficiado a nadie, sino que también ha supuesto un déficit de 73.000 millones para las arcas públicas. Esta cifra la desglosa en dos partes. Por un lado, las comunidades habrían perdido 40.000 si se les hubiera liquidado cabalmente los ingresos por el IRPF. Pero, como el reponer tan sólo esa cantidad no habría producido satisfacción a ninguna, hubo que añadir otros 33.000.

Con otra fórmula, siempre según los socialistas, las autonomías habrían resultado mejor paradas. Esto es, haciendo un reparto del conjunto de los ingresos del Estado. Así "habrían salido beneficiadas en 74.193 millones", aseguró Eguiagaray.

Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, las únicas tres comunidades gobernadas por el PSOE hasta el 13-J, no se sumaron al modelo y, además, lo recurrieron ante el Tribunal Constitucional. Ahora los socialistas insisten en denunciar que ninguna de ellas ha logrado pactar con el Gobierno, sino que éste se ha limitado a entregarles "unas cantidades a cuenta" sin que se hayan beneficiado del reparto posterior que han recibido las demás por la cláusula de garantía: "Si se les hubiera aplicado el mismo beneficio que a las demás, Andalucía habría recibido 36.000 millones; Castilla-La Mancha, 4.200, y Extremadura, 3.250".

Los socialistas dan por seguro que Aragón, Asturias y Baleares, sus tres nuevas comunidades, respetarán "por responsabilidad y coherencia" el acuerdo anterior. Pero, "políticamente", lo denunciarán desde el primer día.