Una peligrosa dualidad

La reciente sentencia dictada días atrás por un tribunal de Florida, en Estados Unidos, contra la industria del tabaco ha llenado nuestra sede de felicitaciones. Probablemente la población asimila esta derrota de las tabacaleras con el progreso hacia formas de vida más saludables. Al tiempo se suscitan interrogantes sobre qué sucederá en España. ¿Veremos en los próximos meses litigios billonarios como el dirimido por el juez Kaye en nuestros tribunales?, nos preguntan desde todos los ámbitos. La respuesta, aunque difícil, merece reflexión.Debe quedar bien sentado que el Comité Nacional para l...

La reciente sentencia dictada días atrás por un tribunal de Florida, en Estados Unidos, contra la industria del tabaco ha llenado nuestra sede de felicitaciones. Probablemente la población asimila esta derrota de las tabacaleras con el progreso hacia formas de vida más saludables. Al tiempo se suscitan interrogantes sobre qué sucederá en España. ¿Veremos en los próximos meses litigios billonarios como el dirimido por el juez Kaye en nuestros tribunales?, nos preguntan desde todos los ámbitos. La respuesta, aunque difícil, merece reflexión.Debe quedar bien sentado que el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) es un organismo independiente y autónomo, integrado por numerosas sociedades científicas de nuestro país, que persigue como último fin hacer que el tabaco, que es el único producto de venta autorizado que si se consume, siguiendo las instrucciones del fabricante, produce lesiones y muerte a la mayoría de sus usuarios, reduzca su prevalencia, especialmente entre niños, adolescentes y personas que no desean recibir humos ajenos. Por ello, en nuestra entidad hay muchos científicos y pocos juristas, aunque la complejidad de la lucha contra el tabaco nos obliga a estar preparados e informados desde frentes que son ajenos a nuestra última esencia sanitaria.

Sin más circunloquios, creemos que hay varios caminos para que las tabacaleras asuman su grave responsabilidad por el dolor y enfermedad que desde hace años causan. Si la sentencia de Florida es firme, los que se consideren perjudicados, al haber consumido marcas idénticas a las que se han juzgado en Estados Unidos, deberían presentar demandas civiles ante juzgados españoles, con gran probabilidad de éxito, pues será difícil que lo ya aprobado en Florida pueda ser neutralizado en España. El artículo "emblemático", según prestigiosos juristas, para llevar a cabo la reclamación es el 1.902 del Código Civil, según el cual "el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado".

Otra vía de éxito la puede proporcionar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobada en 1984, que en algunos artículos establece con contundencia que "el consumidor y el usuario tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios demostrados por el consumo de bienes o la utilización de productos".

Como el Estado ha sido propietario de Tabacalera hasta anteayer (aún, lamentablemente, conserva un pesadísimo paquete accionarial), algunos pueden pensar en dirigir la acción judicial contra el Estado amparándose en el artículo 106.2 de la Constitución, que dice que "los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Parece claro que el Estado ha protegido poco a los ciudadanos contra este riesgo. Compárense los presupuestos de las campañas contra el sida o los accidentes con los inexistentes para la prevención del tabaquismo, a pesar de que, de cada 1.000 muertes prematuras que se producen en España, una es debida al consumo de drogas ilegales; dos, al sida; 20, a los accidentes de tráfico, y 150, al consumo de tabaco.

El tema de las indemnizaciones multimillonarias americanas siempre levanta gran expectación, pero en materia de control del tabaquismo, no despreciando la importancia de la vía jurídica, existe un abanico de posibilidades al alcance de nuestras autoridades que resulta muy efectivo a medio plazo si se desea verdaderamente reducir el consumo de tabaco; pero ¿se desea? ¿Cuáles son las políticas correctas de precios (nuestros cigarrillos son los de precio más bajo de la Unión Europea), la transposición ágil y restrictiva de la Directiva sobre Publicidad, los programas educativos desde la escuela generalizados y rigurosos, las campañas publicitarias, etcétera?

En el control del tabaquismo parece evidente que nuestros gobernantes navegan entre la peligrosa dualidad de los buenos deseos del Departamento de Sanidad y los planteamientos fríos y economicistas de Hacienda, lo que nos hace rememorar a Rafael Alberti cuando dice: "El río Guadalquivir/ se quejaba una mañana: / me tengo que decidir / entre Cazorla y Doñana, / y no sé cómo elegir".