La Junta recurre el veto a su "plan de heroína" por inconstitucional

La Junta ha dado un nuevo paso en su lucha para conseguir que el Gobierno central apruebe su ensayo clínico con heroína. Este penúltimo cartucho es el recurso de reposición que acaba de presentar contra el veto a su plan por parte de la Agencia Española del Medicamento. El texto del recurso, última arma burocrática antes de saltar a los tribunales si así se decide, incluye hasta seis motivos de nulidad de la decisión del Gobierno, el más grave de ellos, la vulneración del principio de igualdad que consagra la Constitución.

El recurso, de 14 folios, ha sido presentado por el Comisionado ...

La Junta ha dado un nuevo paso en su lucha para conseguir que el Gobierno central apruebe su ensayo clínico con heroína. Este penúltimo cartucho es el recurso de reposición que acaba de presentar contra el veto a su plan por parte de la Agencia Española del Medicamento. El texto del recurso, última arma burocrática antes de saltar a los tribunales si así se decide, incluye hasta seis motivos de nulidad de la decisión del Gobierno, el más grave de ellos, la vulneración del principio de igualdad que consagra la Constitución.

El recurso, de 14 folios, ha sido presentado por el Comisionado Andaluz para las Drogas, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales, ante la Agencia Española del Medicamento (AEM), el departamento del Ministerio de Sanidad que dio la puntilla al plan de la Junta. El recurso de reposición trata de cambiar el no al Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (Pepsa), al haber encontrado un catálogo de motivos de "anulabilidad" de la decisión de Sanidad. El más sabroso de los seis motivos de impugnación es el tercero: "Infracción de los artículos 1.1 y 14 de la Constitución". El texto viene a decir que como se ha denegado el proyecto de la Junta sin dar un motivo claro y definido, con la misma falta de motivación se puede dar permiso a otra comunidad autónoma que solicite permiso para emprender otro proyecto idéntico. Esto supone, se alega, "un claro quebranto al derecho de igualdad" que fija la Carta Magna. Es más, Asuntos Sociales cree que el Gobierno central ha vulnerado el principio de lealtad institucional, "ausente en el presente procedimiento", que debe presidir las relaciones entre administraciones que, una vez más, consagra la Constitución. Así, se acusa a Sanidad de haber "eludido pronunciarse de forma directa y plena" sobre el plan, lo que ha sumido a la Junta en "la incertidumbre". Falta de buena fe En esta línea, se imputa al Gobierno no haber respetado los principios de buena fe y confianza legítima. Y esto es así porque durante el procedimiento se solicitó al comisionado que corrigiera dos puntos de su proyecto. Se corrigieron ambos aspectos en el sentido exigido y cuando ya se esperaba la resolución definitiva, se incorporaron dos nuevos documentos, oficialmente no vinculantes, que pesaron de tal modo en la negativa final que se obvió que la Junta había aceptado todas las alegaciones que a su plan se habían presentado. El otro gran motivo de impugnación, ligado a los anteriores, se basa en la vulneración de la ley de Procedimiento Administrativo Común, que obliga a que la negativa sea motivada, expresa y basada en leyes e informes cuyo contenido sea de aplicación en este caso concreto. El recurso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, alega que Sanidad tendría que haber dicho que su no se basaba en la vulneración de un precepto legal concreto y explicar el porqué. "Ése es el vicio en el que ha incurrido" la Administración, que, agrega, "se ha limitado a navegar en un mar de indefiniciones y de remisiones al futuro, para concluir, sin motivación alguna, denegando" el plan.