Medio Ambiente denuncia ante el juez a dos furtivos por cazar un gato montés

La Consejería de Medio Ambiente ha denunciado ante los tribunales a dos cazadores que lograron atrapar el pasado abril a un gato montés en un paraje de la Pedriza llamado prado de las Zorras, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Los dos furtivos, cuyas identidades responden a las iniciales F. G. e I. G., capturaron al animal gracias a una jaula trampa en la que habían colocado tres palomas zurita vivas como reclamo. El ajetreo de unos perros merodeando en torno a unas ramas alertó a los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) que ha...

La Consejería de Medio Ambiente ha denunciado ante los tribunales a dos cazadores que lograron atrapar el pasado abril a un gato montés en un paraje de la Pedriza llamado prado de las Zorras, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Los dos furtivos, cuyas identidades responden a las iniciales F. G. e I. G., capturaron al animal gracias a una jaula trampa en la que habían colocado tres palomas zurita vivas como reclamo. El ajetreo de unos perros merodeando en torno a unas ramas alertó a los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) que hacían su ronda por la Pedriza. Cuando se acercaron, éstos encontraron al gato montés encerrado. Los agentes montaron entonces un dispositivo de espera y lograron así identificar a los dos cazadores, que pretendían llevarse al felino, una especie protegida por la Comunidad de Madrid. El animal, una vez comprobado que no sufría lesiones, fue soltado de nuevo en este paraje natural de la sierra madrileña. La Guardia Civil cree que se trataba de una hembra y que posiblemente estuviera preñada.

Código Penal

La Consejería de Medio Ambiente explica que el Seprona les comunicó el caso de furtivismo y fue cuando los técnicos regionales comprobaron que la caza del gato montés podía ser constitutiva de delito al vulnerar el artículo 364 del Código Penal. Los dos furtivos pueden ser condenados a penas que oscilan entre los seis meses y los dos años de prisión y a multas de entre 48.000 pesetas y 36 millones.