La emisora tiene al 71% de los trabajadores con contratos temporales
La política de personal de Ràdio 9 reproduce milimétricamente casi todos los defectos y casi ninguna de las virtudes -si es que las tiene- de su hermana mayor, Canal 9. La precariedad laboral alcanza al 71% de sus casi 140 trabajadores, un número que eleva en un 43% la plantilla existente en 1995 y, por tanto, sobrepasa ampliamente las necesidades de personal establecidas en los planes estratégicos de la empresa. 50 personas, según se precisa en diversos proyectos presupuestarios. Además, en los últimos meses se viene produciendo la sustitución de trabajadores veteranos por otros menos exper...
La política de personal de Ràdio 9 reproduce milimétricamente casi todos los defectos y casi ninguna de las virtudes -si es que las tiene- de su hermana mayor, Canal 9. La precariedad laboral alcanza al 71% de sus casi 140 trabajadores, un número que eleva en un 43% la plantilla existente en 1995 y, por tanto, sobrepasa ampliamente las necesidades de personal establecidas en los planes estratégicos de la empresa. 50 personas, según se precisa en diversos proyectos presupuestarios. Además, en los últimos meses se viene produciendo la sustitución de trabajadores veteranos por otros menos experimentados. Algunos miembros de la plantilla tienen una explicación para ambos procesos. Por una parte, castigar a una plantilla que se rebeló unánimemente contra el fallido intento de promover una lista negra de periodistas. Por otro, conformar un grupo fácilmente modelable según las necesidades: la privatización de la cadena conllevaría, con toda seguridad, un adelgazamiento de la plantilla. Así se explicaría una política que castiga a 70 empleados con contratos a tiempo parcial por sólo 10 con contratos de obra que incluyen una jornada completa de trabajo. O así se justificaría que la Administración autonómica no tenga reparos en gravar las ya cuantiosas pérdidas de la cadena: Dos trabajadores de larga trayectoria despedidos en los dos últimos años acudieron, con éxito, a los tribunales. Tona Catalá, conductora, entre otros programas, de un magazine matinal, y Fermí Larrondo, presentador, entre otros espacios, de varios espacios musicales, fueron indemnizados con cantidades cercanas a los cinco millones de pesetas. Ambos tenían contratos de obra. Los dos tenían los mismos vínculos con la empresa que buen número de los trabajadores recientemente despedidos, cuya marcha de la cadena le podría costar al erario público varios millones de pesetas. Poco importa. Vicente Sanz, el director de recursos humanos de RTVV, lo tiene claro: "La rescisión de sus contratos es totalmente legal".