Retiran las acusaciones contra otros nueve procesados en el juicio de Intelhorce
El macrojuicio del caso Intelhorce empezó en octubre de 1998 con 42 acusados. Siete meses después apenas quedan 23 en el banquillo. El tribunal que juzga las supuestas irregularidades en la privatización y gestión de la fábrica textil malagueña decretó ayer el sobreseimiento de la causa a favor de otros nueve procesados, al considerar que los delitos que se le imputaban han prescrito o que las acusaciones no constituyen infracción. El juicio, suspendido durante un mes para resolver las cuestiones previas, se reanudará dentro de una semana, una vez que las partes analicen esta resolución. Los...
El macrojuicio del caso Intelhorce empezó en octubre de 1998 con 42 acusados. Siete meses después apenas quedan 23 en el banquillo. El tribunal que juzga las supuestas irregularidades en la privatización y gestión de la fábrica textil malagueña decretó ayer el sobreseimiento de la causa a favor de otros nueve procesados, al considerar que los delitos que se le imputaban han prescrito o que las acusaciones no constituyen infracción. El juicio, suspendido durante un mes para resolver las cuestiones previas, se reanudará dentro de una semana, una vez que las partes analicen esta resolución. Los procesados a los que se les aplica la prescripción de delito son Miguel Ángel García Diéguez López, Juan Ochoa Grande, Enrique Ronda Gallardo y Ramón Huesca Garrido. Los cuatro están relacionados con la presunta emisión de facturas falsas que fueron utilizadas por el empresario italiano Giovanni Orefici y su hombre de confianza, José Manuel Muñiz, para desviar fondos desde la factoría. También se decreta el sobreseimiento para los miembros de UGT en el comité de la textil durante la privatización, José Galván, Alfonso Burgos y Enrique Verdugo. El tribunal entiende que los hechos imputados, delito contra la libertad y seguridad en el trabajo, no constituyen infracción. Finalmente, el auto exculpa a Diego García Morales, que fuera presidente de Intelhorce, y al abogado del Estado Miguel Crespo Rodríguez que estaban acusados de malversación de caudales públicos. El auto, de 168 folios, incluye el voto particular del magistrado, Federico Morales, contra la admisión del escrito de acusación del dirigente del PP, José Egea, en nombre de la Asociación de Afectados de Intelhorce.