En una cárcel de Lima

A fecha de diciembre de 1998, 1.323 españoles cumplían condena en prisiones de 57 países, el 74% de los casos por asuntos relacionados con la droga, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. En el centro y sur de América, el número de españoles condenados por delitos de narcotráfico se dispara: 360 de los 391 retenidos en los penales suramericanos lo están por esta causa. Salvador Alfonso, de 33 años y natural de Gandia (Valencia), cumple condena desde hace tres años en el penal de San Juan de Lurigancho, en Lima (Perú). Viajó a este país un 5 de marzo de 1996, "movido por el ambiente...

A fecha de diciembre de 1998, 1.323 españoles cumplían condena en prisiones de 57 países, el 74% de los casos por asuntos relacionados con la droga, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. En el centro y sur de América, el número de españoles condenados por delitos de narcotráfico se dispara: 360 de los 391 retenidos en los penales suramericanos lo están por esta causa. Salvador Alfonso, de 33 años y natural de Gandia (Valencia), cumple condena desde hace tres años en el penal de San Juan de Lurigancho, en Lima (Perú). Viajó a este país un 5 de marzo de 1996, "movido por el ambiente del mundo que rodea a las drogas", comenta su hermana María Ángeles. Dieciséis días después de su llegada, la policía peruana le arrestó. En su habitación del hotel le habían sido incautados 180 gramos de cocaína. El joven ingresó el 21 de marzo en la prisión de Lurigancho, una de las cárceles peor consideradas de Perú. Para Salvador y su familia comenzó así un "auténtico calvario" que todavía no ha terminado. Las circunstancias que envuelven al joven a partir de ese momento no son nuevas para las autoridades peruanas, ni para los diplomáticos españoles o las organizaciones humanitarias que trabajan con los españoles encarcelados en penales americanos.Una mujer, que se identifica ante la familia como la abogada del joven, les promete que en tres meses Salvador estará de nuevo en la calle. Resulta ser una estafa, una falsa abogada que tras conseguir de la familia más de mil dólares para "gastos del proceso" desaparece sin dejar rastro. Un año después, el 25 de marzo de 1997 se celebra el juicio, pero el abogado de oficio no comparece. A pesar de no disponer de defensa, el proceso sigue adelante y Salvador Alfonso Escrivà es condenado a 10 años por tráfico de drogas. Una práctica inconcebible en España pero habitual en estos países, comenta José Alarcón, coordinador del Programa Presos Españoles en el Exterior de la Fundación Españoles en el Mundo. "El consulado español no está obligado a proporcionar un abogado a los detenidos y muchas veces conoce la irregularidad del juicio un mes después de celebrarse", señala. El preso valenciano recibe la visita periódica de algún funcionario de la embajada en Lima y 150 dólares al mes. La llegada de un periodista español al penal de Lurigancho cambia la suerte de Salvador. Infiltrado en la prisión para realizar un reportaje, conoce la historia de Salvador y le habla a su familia de Fraternidad Carcelaria, una organización que trabaja en Perú con presos extranjeros. A través de la asociación contratan a un abogado peruano que apela la condena. Pero el 11 de septiembre de 1997 la sentencia es ratificada. La familia se derrumba. Asesorado por su abogado, Salvador solicita acogerse al tratado bilateral entre Perú y España para la transferencia de presos, su última oportunidad de salir de Lima. Salvador Alfonso espera, desde hace año y medio, a ser traslado a España. Vicenta Escrivà, de 65 años, y José Alfonso, de 72, padres del recluso, viajaron en enero a Lima junto a la mayor de sus cuatro hijos, María Ángeles. El abogado les había alertado por teléfono sobre la gravedad del estado de Salvador, en coma después de sufrir una neumonía. Superó el trance, pero María Ángeles, que era la segunda ocasión en la que visitaba a su hermano, se encontró ante sí una estampa desoladora: "Pesaba unos 50 kilos, le habían roto los dientes, seguramente en alguna pelea, porque allí los extranjeros, más si están presos por tráfico de drogas, no están nada bien considerados". Salvador había padecido con anterioridad una tuberculosis. Para los padres el primer encuentro con su hijo tras tres años de cautiverio fue más traumático. "Creí que mi marido no lo superaba, tuvo una insuficiencia respiratoria y regresó enfermo. Bueno, creo que volvimos enfermos todos", relata su madre. La familia teme por la salud de Salvador. "Mi hermano ya ha pagado muy caro lo que hizo y va a acabar pagándolo con su vida", reprocha María Ángeles. El 11 de junio de 1998 pidió la intercesión del Ministerio de Justicia español para que se agilizasen los trámites del traslado. Pero, según la familia, el expediente continúa paralizado.