Un tribunal obliga a instruir un caso contra Huguet y un diputado de CiU

La Audiencia de Barcelona ha decidido reabrir la instrucción de una denuncia por presunto cohecho contra el ex jefe de la Inspección de Hacienda de Cataluña José María Huguet, en el que se imputa también al actual diputado de CiU en el Parlamento de Cataluña y ex director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión de Cataluña (TV-3), Joan Granados Duran. Según la Audiencia, la inspección fiscal de la empresa Expo Hotel de Barcelona fue "llamativamente anómala" al no denunciar un presunto delito fiscal.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado al Juzgado de Instrucción número ...

La Audiencia de Barcelona ha decidido reabrir la instrucción de una denuncia por presunto cohecho contra el ex jefe de la Inspección de Hacienda de Cataluña José María Huguet, en el que se imputa también al actual diputado de CiU en el Parlamento de Cataluña y ex director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión de Cataluña (TV-3), Joan Granados Duran. Según la Audiencia, la inspección fiscal de la empresa Expo Hotel de Barcelona fue "llamativamente anómala" al no denunciar un presunto delito fiscal.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 11 de la ciudad que reabra un caso de 1994 por supuesto delito fiscal, cohecho y apropiación indebida y cite a declarar a los funcionarios de Hacienda que inspeccionaron a la empresa Expo Hotel.El caso se inició en 1993 después de la denuncia formulada por el ex gerente de la sociedad, Francisco José Cerdà Coromona, quien denunció ante la fiscalía al empresario hotelero Antonio Mestre Ferré por ocultación de dinero y haber pactado, por mediación del diputado de CiU Joan Granados, con el entonces jefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña, José María Huguet, para ocultar las irregularidades fiscales detectadas. Sin embargo, el caso fue archivado por el juzgado en junio de 1998, con el beneplácito del fiscal, al considerar que esas acusaciones carecían de sentido y formaban parte de la enemistad que existía entre Cerdà, que había sido despedido, y el propietario de la empresa hotelera, Antonio Mestre.

Sin embargo, Manuela Orozco Martínez, la viuda de un estrecho colaborador de Mestre, recurrió ante la Audiencia de Barcelona, quien ahora ha reabierto el caso en un auto muy crítico con la actividad que desarrollaron los inspectores de Hacienda dirigidos en aquella época por Huguet.

Así, por ejemplo, el tribunal de la Sección Décima califica de "sorprendente" la actuación de la inspección tributaria, "que, advirtiéndose un descubierto en los impuestos a satisfacer, no había paralizado de inmediato la actuación administrativa" para poner los hechos en conocimiento de la justicia, "sino que, por el contrario, había proseguido hasta sus últimas consecuencias la actividad inspectora, determinando las cuotas tributarias eludidas y aplicando los correspondientes recargos y sanciones".

La Audiencia considera que son verosímiles las acusaciones de cohecho que formula el denunciante, quien afirmó que varios de los cheques librados por el empresario Antonio Mestre tenían como destino pagar a los funcionarios de Hacienda que realizaron las inspecciones. La Sala entiende, en contra del criterio del juzgado, que esos supuestos pagos delictivos que constituitían el delito de cohecho no se han investigado de forma suficiente y recuerda la "coincidencia temporal con determinados acontecimientos o fastos sociales, que se estima como nudo gordiano del entramado que se contempla en la causa".

Mestre relató en su declaración que esos cheques correspondían a gratificaciones a diversos empleados de su grupo, pero la Audiencia recuerda que esa valoración debe realizarse en el juicio, no en la fase instructora.

En cuanto al supuesto delito fiscal que también relata el denunciante, el juez explica que "la Administración fiscal, con olvido de la obligación que le imponía el artículo 76 de la Ley General Tributaria, siguió adelante con la actividad sancionadora una vez detectado y cifrado el importe descubierto de impuestos dejados de declarar".

Por ello, explica la Sala, "no puede negarse, de entrada, que la actuación administrativa resulta llamativamente anómala" por "efectuar un juicio de intenciones acerca de la voluntariedad o no en la emisión de la declaración de los impuestos correspondientes". El tribunal recuerda, en este sentido, que "en todo momento" tiene prioridad "la jurisdicción criminal sobre la actuación administrativo-sancionadora".

Por otra parte, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, solicitó ayer al Congreso de los Diputados comparecer ante la Comisión de Economía y Hacienda para informar sobre las investigaciones abiertas a los dos ex altos cargos de la Agencia Tributaria que presuntamente recibieron pagos del grupo KIO, José María Huguet y Ernesto Aguiar.

Fuentes de la Secretaría de Estado explicaron que Costa dará cuenta de los resultados de la investigación interna que ha abierto la propia Agencia.