Un juzgado investiga si un mando de los Mossos reveló secretos de sumario
El coordinador de la región policial de Girona de los Mossos d"Esquadra, Manel Castellví, ha sido citado por un juzgado de Girona como imputado en un delito de revelación de secreto sumarial. Castellví declaró a los medios de comunicación, refiriéndose a un caso de asesinato, que se estaba siguiendo una línea de investigación positiva y que el caso podría resolverse "antes del verano". Ayer se conocieron otros dos procedimientos judiciales que ponen en cuestión la forma de actuar de la policía autonómica.
La citación judicial, fijada para el próximo día 18, ha producido "extrañeza" en l...
El coordinador de la región policial de Girona de los Mossos d"Esquadra, Manel Castellví, ha sido citado por un juzgado de Girona como imputado en un delito de revelación de secreto sumarial. Castellví declaró a los medios de comunicación, refiriéndose a un caso de asesinato, que se estaba siguiendo una línea de investigación positiva y que el caso podría resolverse "antes del verano". Ayer se conocieron otros dos procedimientos judiciales que ponen en cuestión la forma de actuar de la policía autonómica.
La citación judicial, fijada para el próximo día 18, ha producido "extrañeza" en la Dirección General de Seguridad Ciudadana, que apoya al inspector y califica de "dura y rígida" la decisión judicial. Castellví participó, el 30 de diciembre del año pasado, en una rueda de prensa para hacer balance del primer año de los Mossos de Tráfico; en el transcurso de la misma fue preguntado sobre el misterioso asesinato, sin móvil aparente, del profesor de gimnasia Bartomeu Cabello, hallado muerto de un disparo en su casa de Porqueres (Pla de l"Estany). Fuentes del Departamento de Gobernación de la Generalitat recordaron ayer el contexto de presión de los medios de comunicación en el que se produjeron las manifestaciones de Castellví. A pesar de que el inspector evitó entrar en detalles, ante la insistencia de los periodistas, acabó por decir que la investigación iba por buen camino y aventuró su resolución para antes del verano. Estas palabras, reproducidas al día siguiente por la mayoría de los medios de comunicación, constituyen la única base de las diligencias que ordenó abrir la titular del juzgado número 4 de Girona, que es la que lleva el caso del asesinato de Cabello. Desde este día no han trascendido informaciones relativas a la investigación, aunque en contactos entre la prensa y los miembros de la oficina de prensa de los Mossos se ha aludido en tono jocoso a la inminencia de la fecha anunciada para la resolución del caso. Por otra parte, ayer se conoció también que el pintor Jaume Villanueva Malaret ha interpuesto una querella contra cuatro agentes de los Mossos del cuartel de Sant Feliu de Guíxols por presunta detención ilegal. Los Mossos detuvieron a Villanueva el 24 de diciembre de 1997, bajo la acusación de mostrar los genitales a un grupo de menores de entre 9 y 10 años que buscaba musgo para el pesebre de Navidad. El juez dictó posteriormente un acto de sobreseimiento libre en el que se constataba que el detenido no tenía nada que ver con los hechos e incluso dudaba, partiendo de las contradicciones y la posible fabulación de los menores, de que el delito hubiera tenido lugar. En la querella se hace constar que los Mossos realizaron una instrucción burda y chapucera, basando su detención en la coincidencia de una matrícula incompleta facilitada por un menor y en la de la barba del supuesto exhibicionista. El tercer revés conocido ayer sufrido por los Mossos d"Esquadra proviene de la sección penal de la Audiencia de Girona. En una sentencia, califica de irregular y presuntamente delictiva la actuación de otros cuatro agentes en un caso de tráfico de drogas y ordena abrir una investigación al respecto para aclarar si los policías autonómicos cometieron prevaricación. Los agentes reconocieron en el juicio oral que habían encontrado una dosis de cocaína en poder de un joven y que, sin abrirle diligencias, se la devolvieron y le conminaron a arrojarla a un retrete. Uno de los abogados puso de manifiesto durante el juicio la actuación irregular de los agentes, ya que la ley obliga a la policía a incautarse de la droga para consumo propio y abrir diligencias administrativas.