El fiscal pide siete años de cárcel para tres promotores de una cooperativa
El fiscal pidió ayer en un juicio hasta siete años de cárcel para los promotores de una cooperativa de viviendas que empezó en 1992 a recabar dinero de los participantes -hasta 52 millones de pesetas- cuando ni siquiera era suyo el terreno previsto y sin que hasta el momento hayan comenzado las obras. El fiscal solicita hasta siete años de cárcel para uno de los acusados y seis años para otros dos, mientras que para el cuarto implicado retiró su acusación.Según el relato de hecho del fiscal, los acusados, que formaban parte de la sociedad Primator, SA, constituida en 1989, idearon la constituc...
El fiscal pidió ayer en un juicio hasta siete años de cárcel para los promotores de una cooperativa de viviendas que empezó en 1992 a recabar dinero de los participantes -hasta 52 millones de pesetas- cuando ni siquiera era suyo el terreno previsto y sin que hasta el momento hayan comenzado las obras. El fiscal solicita hasta siete años de cárcel para uno de los acusados y seis años para otros dos, mientras que para el cuarto implicado retiró su acusación.Según el relato de hecho del fiscal, los acusados, que formaban parte de la sociedad Primator, SA, constituida en 1989, idearon la constitución de una cooperativa de viviendas con el propósito de obtener un beneficio ilícito a costa de las aportaciones de dinero que efectuaran terceras personas. Así, en septiembre de 1992 quedó constituida la cooperativa de viviendas Sinaí, de cuya administración, gestión y asesoramiento quedaba encargada la sociedad Primator. La cooperativa Sinaí ofreció mediante publicidad una promoción de viviendas en un terreno del municipio madrileño de Mejorada del Campo, con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados, y comenzó en mayo de 1992 a celebrar contratos de preinscripción y un mes después las firmas de los contratos con los cooperativistas.
Según el fiscal, los cooperativistas entregaban el dinero para la compra de su vivienda confiados en que la sociedad era la titular del terreno, pero la realidad era otra. Afirma el fiscal que dos años después uno de los acusados adquirió el citado solar en virtud de una subasta y en representación de Primator, de la que era accionista, presidente y consejero delegado, aunque poco después cambió de nombre la sociedad y la denominó Gotopal, con la finalidad de evitar embargos. "De esta forma", según el fiscal, "y dando continuamente largas" a los 22 cooperativistas, que demandaban el comienzo de la construcción de sus viviendas, "los acusados, de común acuerdo, fueron incorporando a su patrimonio las cantidades entregadas por los socios cooperativistas y que asciende a 53.465.452 pesetas.