PP y CiU pactan la reforma de la Ley de Contratos del Estado
Los grupos parlamentarios del PP y de CiU han llegado a un acuerdo definitivo que desbloquea la reforma de la Ley de Contratos del Estado. El texto de la reforma amenazaba con convertirse en un serio motivo de enfrentamiento entre el Gobierno y sus socios nacionalistas catalanes. Sin embargo, las aguas se han calmado, se han superado algunos malentendidos e incluso ahora se habla de una enmienda conjunta que permita a CiU apoyar el texto propuesto por el Gobierno.
El desacuerdo en torno a las competencias que algunas comunidades autónomas consideraban vulneradas se ha superado y el ...
Los grupos parlamentarios del PP y de CiU han llegado a un acuerdo definitivo que desbloquea la reforma de la Ley de Contratos del Estado. El texto de la reforma amenazaba con convertirse en un serio motivo de enfrentamiento entre el Gobierno y sus socios nacionalistas catalanes. Sin embargo, las aguas se han calmado, se han superado algunos malentendidos e incluso ahora se habla de una enmienda conjunta que permita a CiU apoyar el texto propuesto por el Gobierno.
El desacuerdo en torno a las competencias que algunas comunidades autónomas consideraban vulneradas se ha superado y el texto final permitirá a éstas legislar en materia de contratos con las respectivas administraciones. Esto era imposible para la mayor parte de las comunidades autónomas con la anterior Ley de Contratos. Sólo Navarra tiene Ley de Contratos propia.
Convergència i Unió reclama para Cataluña competencias para regular la hipótesis de demora en la ejecución de los contratos, el pago del importe de revisión o las responsabilidades por incumplimiento del contratista. Estos asuntos quedan, según fuentes de CiU, perfectamente despejados con las enmiendas al texto pactado.
El grupo parlamentario catalán (CiU) quita ahora importancia al desacuerdo con el Gobierno, que se atribuyó primeramente a diferencias de criterio sobre este particular entre Rodrigo Rato y Francisco Álvarez Cascos.
Ahora, los representantes de CiU, que llegaron a amenazar con vetar el proyecto en el debate de totalidad, se muestran conformes con las explicaciones dadas y afirman que "no hay inconvenientes políticos para apoyar la reforma".
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