Los sindicatos exigen una reforma de la ley que rige las empresas de trabajo temporal
Los sindicatos UGT y CC OO reclamaron ayer una reforma de la ley que rige la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETT), por considerar que este tipo de empresas fomentan la precariedad en el empleo.Según datos del sindicato UGT, las ETT realizaron desde su legalización en 1994 más de dos millones de contratos con una duración inferior a cinco días. Para el sindicato que dirige Cándido Méndez, la norma por la que se legalizaron las ETT discrimina a los trabajadores contratados a través de este tipo de sociedades respecto a los que se contratan directamente por las empresas usuarias, t...
Los sindicatos UGT y CC OO reclamaron ayer una reforma de la ley que rige la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETT), por considerar que este tipo de empresas fomentan la precariedad en el empleo.Según datos del sindicato UGT, las ETT realizaron desde su legalización en 1994 más de dos millones de contratos con una duración inferior a cinco días. Para el sindicato que dirige Cándido Méndez, la norma por la que se legalizaron las ETT discrimina a los trabajadores contratados a través de este tipo de sociedades respecto a los que se contratan directamente por las empresas usuarias, tanto en materia de salarios como de condiciones de trabajo.
Por ello, UGT insiste en la necesidad de modificar la normativa para impedir la utilización indebida de trabajadores por parte de las ETT.
En el mismo sentido, el sindicato CC OO ha elaborado una propuesta de modificación de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal en la que plantea que estas empresas tengan la obligación legal de hacer fijos en sus plantillas al menos a un porcentaje de los trabajadores que ceden a las empresas usuarias.
Para determinar dicho porcentaje se tendrá en cuenta, según la propuesta de CC OO, el número de contratos laborales temporales realizado por cada ETT en el año anterior, la duración de estos contratos y las categorías profesionales de los trabajadores a ceder. El sindicato propone que el incumplimiento de la obligación de contratar sea considerado una infracción muy grave.