Seis meses de tregua
Esta semana se cumplen seis meses desde el anuncio, el 16 de septiembre, de la tregua indefinida de ETA. Aunque persisten algunas incógnitas, hoy es posible valorar de manera más precisa que entonces el significado de la iniciativa. Es evidente que no se trataba de una mera estratagema electoral. Pero se mantiene el debate sobre su causa determinante: la firmeza del Gobierno, el aislamiento social de HB, los puentes tendidos por el PNV. Es probable que todas hayan influido. Es una ventaja, con vistas al consenso futuro, que nadie tenga que renunciar a sus planteamientos anteriores para explica...
Esta semana se cumplen seis meses desde el anuncio, el 16 de septiembre, de la tregua indefinida de ETA. Aunque persisten algunas incógnitas, hoy es posible valorar de manera más precisa que entonces el significado de la iniciativa. Es evidente que no se trataba de una mera estratagema electoral. Pero se mantiene el debate sobre su causa determinante: la firmeza del Gobierno, el aislamiento social de HB, los puentes tendidos por el PNV. Es probable que todas hayan influido. Es una ventaja, con vistas al consenso futuro, que nadie tenga que renunciar a sus planteamientos anteriores para explicar la nueva situación creada por la tregua.Para que ésta desemboque en la paz será necesario que todos asuman su responsabilidad. Los partidos, las instituciones, la policía, los jueces. No se puede esperar, por ejemplo, que la policía renuncie a detener a personas armadas que se consideran con derecho, entre otras cosas, a practicar la extorsión. Los partidos nacionalistas no pueden mirar para otro lado ante la escalada de agresiones a miembros del PP y PSOE, que ya ha llegado a la fase de la carta bomba. Incluso si fuera cierto que no son acciones impulsadas por ETA y HB, es seguro que quienes realizan esos desmanes se sienten autorizados por la justificación que ofrece ETA, la no condena de HB y los intentos de minimizar su importancia por parte del PNV. Resulta ofensivo que Arzalluz dijera ayer que son los nacionalistas quienes se sienten "apaleados".
Pero Otegi ha avanzado demasiado para volverse atrás. Es significativo que su respuesta a las detenciones haya sido un llamamiento a intensificar la acción política y la convocatoria de una huelga de hambre: algo más próximo a la resistencia pasiva que a la agitación violenta. Como en otros momentos, en el mundo de ETA hay dudas sobre el camino a tomar. Si quieren ayudar a los que dudan, PNV y EA deben hacerles comprender que no habrá colaboración sin renuncia a la intimidación, y que no basta estar convencido de la justeza de la propia causa para que los demás deban abandonar, por las buenas o por las malas, la suya.
Aznar expresó su disposición a dialogar con ETA, y luego sólo ha dicho que la banda no acaba de designar a sus interlocutores. La situación resulta un tanto absurda, porque si bien ETA habla de "salida negociada", ya no reclama para sí el papel de interlocutor, como ocurría en la Alternativa KAS. Más bien parece delegar en los partidos nacionalistas, cuya actuación vigila, la defensa de objetivos que considera compartidos. Ofrecer diálogo a ETA parece, en ese sentido, un paso atrás. Sin embargo, prescindir del Gobierno, como quisiera ETA, es absurdo. Entre otras razones, porque el asunto de los presos, crucial para el proceso, depende del Ejecutivo.
Los nacionalistas, por su parte, consideran que lo que habría que hacer es forjar un nuevo consenso que incluyera a Euskal Herritarrok (EH). Para ello defienden la constitución de un nuevo foro que sustituya al de Ajuria Enea y aplique un esquema de trabajo como el del Plan de Ardanza. Una vez demostrada la seriedad de la tregua, habría desaparecido la principal objeción de las fuerzas no nacionalistas para rechazarlo. A populares y socialistas cabe pedirles un esfuerzo efectivo de diálogo "sobre todo y con todos". Pero la creación de ese foro exige al menos el compromiso de los participantes con una norma democrática elemental: la renuncia a la violencia para obtener la mayoría o para aplastar a la minoría. Es lógico que quienes son amenazados y agredidos en sus sedes, en sus casas o en sus negocios, se resistan a sentarse en una mesa con quienes no sólo no impiden estos sucesos, sino que ni siquiera se desvinculan de ellos, mientras cuentan en la retaguardia con una organización terrorista que esgrime su voluntad de seguir "aprovisionándose" con métodos mafiosos, dispuesta a actuar cuando lo considere oportuno.
El aparente bloqueo obedece a causas objetivas. ETA no designa interlocutores porque ha delegado en Lizarra, pero los agrupados en ese foro no podrán reclamar el diálogo con las demás fuerzas mientras ETA no demuestre que quiere la paz y no imponer su programa a los demás. Los contactos bilaterales de Ibarretxe, desde su posición institucional, deberían servir para superar ese bloqueo. A sabiendas de que no habrá consenso posible desde la exclusión de la mitad de la población.
La idea de que Lizarra y la tregua han convertido en nacionalistas a quienes no lo eran es ilusoria. Ahora hay un Gobierno nacionalista, pero eso no suprime el pluralismo. En el conjunto de las cinco últimas elecciones en Euskadi, las fuerzas nacionalistas han obtenido el 52% de los votos, y las no nacionalistas, el 48%. Si se incluye a Navarra, la relación sería inversa. Es improbable que ese equilibrio varíe sustancialmente tras las elecciones locales del 13 de junio. Cualquier salida exige altísimas dosis de diálogo y tolerancia, dos especies que no abundan.