El juez investiga si hubo prevaricación en el trazado de la N-340 en Altafulla
El Juzgado número 1 de El Vendrell (Baix Penedès) investiga si el alcalde de La Pobla de Montornès (Tarragonès), Joan Borràs, y el concejal de Urbanismo, Josep Guibernau, cometieron un delito de prevaricación en el trazado de la variante de la N-340 entre Torredembarra y Altafulla. El juzgado dirimirá si los investigados han resultado beneficiados por la variante, que, según la denuncia de Josep Iglesias, vecino de La Pobla, realiza una curva innecesaria para no afectar unas fincas del concejal.
La mujer de Josep Iglesias, cuya finca sí ha resultado afectada por la nueva carretera, inic...
El Juzgado número 1 de El Vendrell (Baix Penedès) investiga si el alcalde de La Pobla de Montornès (Tarragonès), Joan Borràs, y el concejal de Urbanismo, Josep Guibernau, cometieron un delito de prevaricación en el trazado de la variante de la N-340 entre Torredembarra y Altafulla. El juzgado dirimirá si los investigados han resultado beneficiados por la variante, que, según la denuncia de Josep Iglesias, vecino de La Pobla, realiza una curva innecesaria para no afectar unas fincas del concejal.
La mujer de Josep Iglesias, cuya finca sí ha resultado afectada por la nueva carretera, inició el pasado lunes una huelga de hambre como protesta. La denuncia de Iglesias fue investigada por la fiscalía de Tarragona, que en el mes de julio del pasado año decidió cursarla ante los juzgados de El Vendrell con el objetivo de obtener la versión del alcalde y el concejal de la población del Tarragonès, quienes todavía no han sido llamados a declarar. El alcalde de La Pobla de Montornès, Joan Borràs, afirma al respecto que por el momento no ha recibido notificación alguna del juzgado, defiende la legalidad de las actuaciones y recuerda que el concejal supuestamente beneficiado también está afectado por el nuevo trazado. Los hechos denunciados por el vecino vienen corroborados por un informe realizado por los servicios jurídicos de la Delegación del Gobierno en Cataluña, en el que se advierte al Ministerio de Fomento del fraude cometido en la tramitación de los expedientes de la variante, al no haberse cumplido con el deber de información pública del proyecto durante un período de 30 días. En el informe, fechado en julio de 1997, la Delegación del Gobierno advierte de que esta operación supone "un manifiesto fraude de ley" por parte de la Dirección General de Carreteras, por lo que cabría que los afectados paralizaran la obra.Josep Iglesias afirma en su denuncia que el trazado de la variante de la N-340 es el más largo y costoso de los posibles y que beneficia a Josep Guibernau, puesto que la curva que realiza la carretera evita que las fincas del concejal se vean afectadas. El denunciante contrató los servicios de un ingeniero de Caminos, quien realizó un trazado alternativo, "mucho más barato, racional y sin tanta afectación de terrenos". Ingeniero municipal La denuncia señala que el alcalde de La Pobla, Joan Borràs, es además ingeniero de Caminos del Ayuntamiento de Torredembarra desde 1992, y que sólo teniendo en cuenta los intereses personales de ambos cargos se puede entender el actual trazado, que según el vecino afectado "perjudica a La Pobla sin reportarle ningún beneficio, ya que parte el municipio en dos". Josep Iglesias afirma encontrarse "indefenso". Las obras han llegado ya a su finca, de 20 hectáreas y, según asegura, le han estropeado el sistema de riego eléctrico y han arrasado los avellanos. Según su versión, no existió en ningún momento negociaciones con las administraciones. Asegura que únicamente ha percibido cuatro millones de pesetas, cuando el nuevo trazado de la carretera prevé la demolición de una casa de dos plantas, con luz y agua. El vecino, que mantiene seis contenciosos con el Ayuntamiento, afirma que se enteró de la aprobación definitiva del trazado mediante "un bando colgado en una glorieta del pueblo". Iglesias ha planteado un pleito contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que todavía no se ha pronunciado. El denunciante, cuya mujer se encuentra en huelga de hambre desde hace tres días -"en contra del parecer de la familia"-, sostiene que no se opone al trazado de la variante, sino a que éste se realice de forma ilegal y se queja, fundamentalmente, "del trato recibido".