Las escuchas del Cesid: del escándalo al juicio

Si no se suspende a última hora, el próximo martes se abrirá en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por las escuchas del Cesid, el escándalo que en junio de 1995 provocó la dimisión del entonces vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, del ministro de Defensa Julián García Vargas y del hombre que durante 14 años dirigió el servicio secreto, Emilio Alonso Manglano. Fue la espoleta de una crisis que no cesaría hasta la derrota del PSOE en las elecciones generales de marzo de 1996, detonando una serie de explosiones más o menos controladas: de la filtración de los ...

Si no se suspende a última hora, el próximo martes se abrirá en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por las escuchas del Cesid, el escándalo que en junio de 1995 provocó la dimisión del entonces vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, del ministro de Defensa Julián García Vargas y del hombre que durante 14 años dirigió el servicio secreto, Emilio Alonso Manglano. Fue la espoleta de una crisis que no cesaría hasta la derrota del PSOE en las elecciones generales de marzo de 1996, detonando una serie de explosiones más o menos controladas: de la filtración de los papeles del Cesid al relanzamiento de los sumarios sobre la guerra sucia.El inicio de la vista está pendiente de que se resuelva el recurso del fiscal contra la negativa de la Sala a admitir a trámite la recusación presentada por el defensor de Manglano, quien alega que los tres miembros del tribunal han perdido su imparcialidad objetiva para juzgar por su decisiva intervención durante la instrucción del sumario.

Si el recurso del fiscal prospera, el juicio se demorará unos meses. En caso contrario, Manglano y seis de sus antiguos subordinados deberán sentarse en el banquillo para responder de los delitos de interceptación de comunicaciones telefónicas, prevaricación y revelación de secretos, presuntamente cometidos por el Gabinete de Escuchas del Cesid, que entre 1984 y 1990 interceptó y grabó las conversaciones mantenidas a través de teléfono móvil por múltiples personalidades, incluido el propio Rey.

Al juicio no acudirán ni Narcís Serra, ni García Vargas, ni Felipe González ni ninguno de los políticos -incluido el actual secretario general de la OTAN, Javier Solana- cuyo testimonio solicitaron las acusaciones y rechazó el tribunal, después de que Manglano declarase que los miembros del Gobierno ignoraban los métodos utilizados por el Cesid para obtener información.

Sin embargo, la ausencia más notable será la del teniente coronel José Manuel Navarro Benavente, responsable directo del Gabinete de Escuchas, quien falleció el pasado 14 de enero en un accidente de tráfico en Albacete. Navarro no sólo era el tercer acusado en importancia, después de Manglano y del ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, el ex coronel Juan Alberto Perote. También era el principal testigo de cargo contra Perote, su superior en el centro, a quien el Tribunal Militar Central -en una sentencia confirmada por el Supremo- condenó a siete años de cárcel por la sustracción de los papeles del Cesid. Perote, en régimen abierto desde mayo del año pasado, está a punto de acceder a la libertad condicional y una nueva condena, ahora en la jurisdicción civil, podría suponer su reingreso en prisión. Navarro declaró ante la juez que fue Perote quien ordenó guardar las grabaciones con conversaciones privadas de destacadas personalidades y que en 1991, poco antes de su expulsión del Cesid, le pidió una serie de cintas que nunca devolvió. Eran las mismas que cuatro años después publicó el diario El Mundo. Curiosamente, el 15 de junio de 1995, a los tres días de destapar el escándalo, el mismo periódico puso en circulación el nombre de Navarro Benavente, al explicar que había sido despedido del centro por investigar a un político relacionado con el narcotráfico. En su declaración ante los jueces militares y civiles, los dos periodistas que firmaron la noticia sobre las escuchas del Cesid se ampararon en el secreto profesional para negarse a revelar sus fuentes, pero ello no les impidió negar cualquier intervención de Perote ni relatar que mantuvieron una conversación con Navarro Benavente.

A Perote no le sirvió de mucho. De las diez acusaciones personadas en la causa, sólo una -la que representa al director de la revista Epoca, Jaime Campmany- le exonera de cualquier responsabilidad. Por el contrario, tanto el fiscal como el ex ministro del Interior José Barrionuevo consideran que debe ser el único condenado. Incluso Pedro J. Ramírez, director del diario que publicó en exclusiva los documentos sustraídos al Cesid, pide para Perote al menos dos años y cuatro meses de cárcel, aunque el delito que le imputa es el de interceptación de comunicaciones y no el de revelación de lo ilegalmente escuchado.

La defensa de Manglano asegura que los sistemas técnicos utilizados entonces por el Cesid no tenían capacidad para seleccionar un teléfono determinado -lo que avalan los informes periciales-, por lo que se limitaban a explorar el espectro radioeléctrico, captando aleatoriamente conversaciones de teléfonos móviles, a la búsqueda de información relacionada con terrorismo, espionaje o narcotráfico. Manglano alega que estaba convencido de la licitud de esta actividad, dado el carácter abierto de la comunicación a través de las ondas y la falta de una regulación legal precisa en la época, y niega haber ordenado escuchar conversaciones privadas y menos guardar las grabaciones.

Los otros cinco acusados -Visitación Patiño, Francisco Vallejo, José María Vida y Juan Miguel Nieto, auxiliares del Cesid, y Julio López Borrero, directivo, todos ellos destinados actualmente en el servicio secreto tras haber reingresado algunos en los últimos años- argumentan que se limitaron a cumplir órdenes cuando trabajaban en el Gabinete de Escuchas.

La Audicencia de Madrid no compartió estos criterios y en mayo de 1996 ordenó reabrir una causa que la juez instructora había archivado tres meses antes por no apreciar delito. Si se aceptara que es posible interceptar conversaciones privadas sin autorización, replicó la Sala, "no estaríamos en un Estado de Derecho sino en un Estado policial".