Conducta parcial
La decisión del Gobierno de la nación de recurrir el decreto de la Junta de Andalucía por el que se incrementan las pensiones no contributivas y las asistenciales entra dentro de lo lógico. Si realmente los servicios jurídicos del Ministerio de Trabajo han llegado a la conclusión de que la Junta de Andalucía ha invadido la competencia del Estado, el Gobierno de la nación tiene la obligación de recurrir al Tribunal Constitucional. No creo que esta actuación del Gobierno de la nación deba ser considerada una agresión a la Junta de Andalucía. En primer lugar, porque nunca un recurso al Tribunal ...
La decisión del Gobierno de la nación de recurrir el decreto de la Junta de Andalucía por el que se incrementan las pensiones no contributivas y las asistenciales entra dentro de lo lógico. Si realmente los servicios jurídicos del Ministerio de Trabajo han llegado a la conclusión de que la Junta de Andalucía ha invadido la competencia del Estado, el Gobierno de la nación tiene la obligación de recurrir al Tribunal Constitucional. No creo que esta actuación del Gobierno de la nación deba ser considerada una agresión a la Junta de Andalucía. En primer lugar, porque nunca un recurso al Tribunal Constitucional debe ser interpretado de esa manera. Y en segundo, porque si la Junta de Andalucía está segura de que ha actuado dentro de su competencia, así lo acabará reconociendo el Tribunal Constitucional. Tratándose, además, de un terreno tan extraordinariamente importante como es el de la Seguridad Social, la intervención del Tribunal Constitucional puede ser muy positiva, en la medida en que puede fijar cuáles son los límites dentro de los cuales pueden moverse las comunidades autónomás. A través de la sentencia del máximo intérprete de la Constitución se pueden despejar incógnitas potencialmente muy perturbadoras. Nada que objetar, por tanto, al conflicto de competencia que el Gobierno pueda formalizar, si la Junta de Andalucía no atiende el requerimiento que le ha sido dirigido. Lo que sería de desear es que el Gobierno de la nación actuara de la misma manera en relación con todas las comunidades autónomas, cuando existen dudas acerca de la constitucionalidad de una ley o de un decreto. Hace unos meses, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la ley sobre el uso del catalán, no sólo no se recurrió al Tribunal Constitucional, sino que se presionó al Defensor del Pueblo para que no lo hicera. Y hay decisiones recientes en algunas comunidades autónomas sobre aumentos de sueldo de profesores en los distintos niveles de enseñanza, que tampoco han sido recurridas. Y estan las vacaciones fiscales vascas. Y muchas cosas más. Aquí es donde está el problema. La concreta decisión del Gobierno de la nación de formalizar el conflicto de competencia por el decreto de subida de pensiones, aisladamente considerada, puede ser comsiderada razonable. Lo que ya no lo es tanto, es que dicha decisión haya ido acompañada de insultos y descalificaciones personales como los dirigigidos por Javier Arenas y Manuel Pimentel al presidente de la Junta de Andalucía. Y, sobre todo, no lo es, que se sea tan tolerente con las demás comunidades autónomas y se sea tan agresivo con Andalucía. Es la "parcialidad" territorial del Gobierno de la nación, que debería tener un comportamiento "neutral", lo que realmente resulta irritante. ¿ De verdad piensa alguien que la Junta de Andalucía es el Gobierno autónomo menos leal con el Estado de las Autonomías?JAVIER PEREZ ROYO