Un padre tiene que reclamar cada año la beca de alguno de sus hijos para conseguir el dinero Los tribunales y el Defensor del Pueblo son la última solución para uno de los casos

La Delegación de Educación de Sevilla tramito el curso pasado, 97/98, 63.000 solicitudes de becas de estudio. De ellas, 16.000 se denegaron. De las que no se satisfacen, sólo las revocadas por recursos administrativos van a Madrid. Eduardo Yaglián, padre de tres hijos, solicitó dos becas durante el curso 95/96. Ahí comienza su azarosa aventura entre la maraña burocrática de la Administración educativa andaluza y nacional. Es el primer caso de un padre que ha usado la ley de procedimiento administrativo hasta sus últimas instancias para tratar de hacerse con el dinero que le corresponde. Yagli...

La Delegación de Educación de Sevilla tramito el curso pasado, 97/98, 63.000 solicitudes de becas de estudio. De ellas, 16.000 se denegaron. De las que no se satisfacen, sólo las revocadas por recursos administrativos van a Madrid. Eduardo Yaglián, padre de tres hijos, solicitó dos becas durante el curso 95/96. Ahí comienza su azarosa aventura entre la maraña burocrática de la Administración educativa andaluza y nacional. Es el primer caso de un padre que ha usado la ley de procedimiento administrativo hasta sus últimas instancias para tratar de hacerse con el dinero que le corresponde. Yaglián acababa de perder su empleo en 1996 y no tenía derecho a cobrar el subsidio de desempleo. Solicita la beca para dos de sus hijos pero le remiten una carta informándoles que la petición ha sido denegada porque el impreso no acredita suficientes datos económicos. "No había nada que declarar. Entonces en la Delegación me dicen que firme una declaración jurada de que no tengo ingresos. Aquel año yo vivía de una ayuda familiar", explica Yaglián. Una vez cumplimentado el requisito, el dinero es ingresado. Siempre con retraso. "Cuando solicito las becas para el curso 96/97 ya incluí la declaración jurada que solicitaron el año anterior". Pero de nuevo, la ayuda se niega "porque falta información económica". Reclama las dos, aporta los datos y le son concedidas. Siguiente curso. Una de ellas es denegada. La otra llega de forma incompleta: le falta la ayuda compensatoria, el montante más elevado de la cuantía, más de 200.000 pesetas. De nuevo parece que el dato que falta es el económico, pero entonces "¿por qué han concedido parte del dinero?". En la Delegación le explican que ha sido cosa de "buena voluntad". "Algo así me dijeron". Para recuperar el resto del dinero adjunta un certificado de la empresa donde se demuestra que sus ingresos no le obligan a hacer la declaración de la renta. Pero, ¿y los de su mujer?, le preguntan. "Les llevo un certificado de la Seguridad Social que demuestra que mi mujer no aporta salario alguno a la economía familiar". Los documentos se envían a Madrid y, por fin, otra vez con meses de retraso, Yaglián percibe el dinero que le pertenece. Ya había empezado el curso siguiente. Pero si la atención que les dispensan a Yaglián los funcionarios de la Delegación siempre es exquisita, sus cartas no corren la misma suerte. Reclama por escrito la segunda beca, la del otro hijo que se matriculó en 2º de FP II. La carta que niega la ayuda explica que en ese curso no le corresponde la beca, pero "la lectura literal del BOE deja claro que eso no es así". Nueva carta a la Delegación que choca con el silencio administrativo: tras 90 días sin respuesta se entiende que la petición ha sido denegada. Nueva reclamación: "Apelo a la ley de procedimiento el 24 de septiembre de 1998 con los mismos argumentos". Pasan otros tres meses sin respuesta. Pero al pasar en total seis meses la tortilla da la vuelta y en lugar de entenderse que la solicitud ha sido rechazada, se da por sabido todo lo contrario. Pero el dinero no llega y, agotada la vía administrativa, Yaglián se plantea la posibilidad de interponer un recurso judicial y advierte de que llevará el caso a la Oficina del Defensor del Pueblo. Para acometer estos trámites solicita certificación de actos presuntos, un documento que deben cumplimentar en la Delegación certificando que, efectivamente, los trámites administrativos se llevaron a cabo. La delegación tiene 20 días para presentar ese documento. "El día 30 de diciembre presento el documento de actos presuntos y solicito la beca a la que ya tengo derecho por el silencio administrativo. La Delegación me dice que mi reclamo fue cursado a Madrid en diciembre y en Madrid me dicen que se denegó la beca el veintitantos de enero, pero eso ya no era posible porque el 24 de diciembre acababa el plazo para que hubieran respondido. Ahora ya no cabe discutir si tengo o no razón, se cumplieron los plazos y el silencio administrativo indica que la beca me pertenece". Retraso La última comunicación con Madrid ha sido una carta en la que indican -siempre fuera de plazo- que la beca está denegada. "Ellos legalmente han cumplido. Yo pondré un recurso por lo contencioso administrativo aunque ya sé que me gastaré más dinero del que quiero recuperar" Yaglián recuerda las colas que hay cada mes de junio en la Delegación por asuntos de becas. Andalucía fue la última comunidad que tramitó el pasado curso estas ayudas que los estudiantes envían en septiembre. En el mes de mayo no habían llegado a Madrid. La delegada de Educación, Nazaria Moreno, dice que se hizo así por ampliar el plazo y que nadie quedara fuera. Otro funcionario reconoce que se retrasó porque no había suficiente personal. Yaglián sabe que su actitud "es una quijotada", pero confía en que por la vía judicial que "otros padres de clase más desfavorecidas no usarán nunca" se solucione su caso.