Una mujer quema el cadáver de su padre para cobrar la pensión
Trituró los huesos y esparció las cenizas por los alrededores de su casa
Mariella Yvonne W.B., una ciudadana sueca que durante años ocultó la muerte de su padre para poder recibir la pensión de jubilación que le dispensaba el gobierno de Suecia, reconoció ante un juez de Granada que para deshacerse del cadáver lo quemó en la chimenea de su casa, trituró luego los restos y esparció las cenizas alrededor de su casa. Esto, sin embargo, sólo constituye una falta contra la ordenanza de enterramientos.
El ocultamiento del cadáver sólo constituye una falta administrativa en el reglamento de enterramientos, contra la que únicamente cabe la imposición de una multa. P...
Mariella Yvonne W.B., una ciudadana sueca que durante años ocultó la muerte de su padre para poder recibir la pensión de jubilación que le dispensaba el gobierno de Suecia, reconoció ante un juez de Granada que para deshacerse del cadáver lo quemó en la chimenea de su casa, trituró luego los restos y esparció las cenizas alrededor de su casa. Esto, sin embargo, sólo constituye una falta contra la ordenanza de enterramientos.
El ocultamiento del cadáver sólo constituye una falta administrativa en el reglamento de enterramientos, contra la que únicamente cabe la imposición de una multa. Por ello, el juez ha decretado la libertad de la mujer mientras se investigan otros delitos más graves: falsedad, estafa y cobro indebido. El Gobierno sueco ya ha anunciado que piensa presentarse como acusación particular. Fuentes de la investigación aseguraron que la cuantía de la estafa podría ascender a más de siete millones de pesetas en total. El hecho que ahora investiga el juzgado de instrucción número 2 de Granada saltó a la luz cuando el Gobierno sueco, responsable de la pensión de Gunntar E. W., un hombre nacido en 1912, comprobó que llevaba dos años sin acudir a la embajada de ese país en Madrid para recoger su pasaporte pese a los continuos requerimientos en este sentido, aunque sí continuaba cobrando una pensión mensual de más de 150.000 pesetas, según informó la agencia Efe.
Esa circunstancia despertó las sospechas de la seguridad social sueca, que puso el caso en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores español para que se descubriera el paradero de Gunntar E.W. en Granada, lugar en donde el jubilado residía desde hacía diez años, tras haber adquirido un chalé en una urbanización de Padul, un pueblo a 20 kilómetros de la capital.
Asesinato descartado
Después de una serie de indagaciones, la policía judicial de Granada interrogó a Mariella Yvonne, de 47 años, que vivía en el chalé con su padre y con otra amiga y quien, finalmente, reconoció que se había deshecho del cadáver una tarde que regresó a casa y encontró al anciano muerto. La mujer señaló que la defunción ocurrió en enero de 1997. Los investigadores sospechan, sin embargo, que el fallecimiento pudo producirse años antes. Según relató al juez, Mariella Yvonne decidió deshacerse del cuerpo quemándolo en la chimenea del chalé. Tras la incineración, trituró con un martillo los huesos que habían quedado enteros y, posteriormente, esparció las cenizas por los alrededores de la vivienda, en la urbanización conocida como El Puntal, y en una serranía próxima a la vivienda.
La Guardia Civil de Granada, que ha rastreado sin éxito en varias ocasiones la vivienda y los jardines exteriores de la casa en busca de restos del cuerpo, ha descartado en principio que pudiera tratarse de un asesinato, ya que las relaciones entre hija y padre eran buenas, según diferentes testimonios recabados a lo largo de la investigación, además del hecho de que la muerte del jubilado complicaría el cobro de la pensión, principal ingreso de la familia en España.
Si, finalmente, se comprueba que el fallecimiento del jubilado se produjo en enero de 1997, la cuantía estafada ascendería a más de cuatro millones de pesetas. Mariella Yvonne reveló, además, que tras la muerte, decidió solicitar una fe de vida para poder seguir percibiendo el subsidio de 9.000 coronas suecas mensuales (unas 168.000 pesetas). El titular del juzgado instructor ha decidido poner en libertad a la ciudadana sueca en tanto se instruye el caso.
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