Comas ataca de nuevo

JOAN SUBIRATS Según datos de hace un par de años,el déficit de plazas en residencias para personas de más de 65 años con ingresos inferiores al salario mínimo y residentes en Barcelona era de más de 3.500. Al mismo tiempo, y para los ancianos que se lo puedan permitir, la oferta de residencias y pisos asistidos crece cada día. En el estudio de Pep Gómez y Jordi Vizcaíno de 1996 se constata que de cada 100 plazas ofertadas en residencias geriátricas en la ciudad, sólo 18 procedían de centros de titularidad pública. En las conclusiones del III Congrés de la Gent Gran de Barcelona se afirma: "Lo...

JOAN SUBIRATS Según datos de hace un par de años,el déficit de plazas en residencias para personas de más de 65 años con ingresos inferiores al salario mínimo y residentes en Barcelona era de más de 3.500. Al mismo tiempo, y para los ancianos que se lo puedan permitir, la oferta de residencias y pisos asistidos crece cada día. En el estudio de Pep Gómez y Jordi Vizcaíno de 1996 se constata que de cada 100 plazas ofertadas en residencias geriátricas en la ciudad, sólo 18 procedían de centros de titularidad pública. En las conclusiones del III Congrés de la Gent Gran de Barcelona se afirma: "Los diferentes servicios, prestaciones, dispositivos de ayuda y atención tienen que ser variados y ofrecer un abanico de posibilidades adaptables, no discriminatorias...". Lo que cada día está más en juego no es reducir el problema de la gente mayor con problemas de autonomía al tradicional binomio familia (mujer)-residencia, sino ofrecer una gama diversificada de servicios y prestaciones que atienda la enorme diversidad de situaciones de salud, de disponibilidades económicas y de apoyo familiar que se dan en el universo de los ancianos. Y en ese escenario las distintas administraciones tienen ante sí diversas alternativas y responsabilidades. En el confuso panorama de competencias local, ha ido decantándose la convención de que la atención primaria (por ejemplo, atención domiciliaria) es cosa de municipios y los servicios especializados (por ejemplo, residencias) corresponden a los gobiernos autónomos. Los ayuntamientos ceden solares, las autonomías construyen instalaciones. Con mayor o menor tensión, la cosa funciona en otros sectores, pero no ocurre lo mismo en el proceloso mundo del Estado de bienestar, versión Comas, cuando de Barcelona se trata. Hemos vivido suficientes años en el universo Comas para sorprendernos de que pocos meses antes de las elecciones asistamos a un nuevo asalto en el tradicional rifirrafe institucional que tiene como testigos de excepción a las personas mayores, que representan ya cerca del 20% del total de los barceloneses. Molins ha aparecido en escena ofreciendo una rápida actuación si en las elecciones de junio logra asumir la alcaldía. Y los ánimos se caldean. Las cifras indican que el número de plazas de residencia disponibles en la ciudad es manifiestamente mejorable comparándolo con los porcentajes de otras ciudades y zonas del país. Como siempre, el gran reto no es iniciar una carrera alocada de promesas en la que parece que sólo está en juego la cantidad de ancianos que instalar en geriátricos. No hay estudio sobre el tema que no indique que las personas mayores prefieren, si la salud se lo permite, mantener su independencia, incorporando aquellos servicios que les complementen sus carencias. En ese espacio, las distintas ofertas del sector informal, del sector mercantil, del sector social y de los poderes públicos pueden y deben complementarse. Pero está claro que existirá siempre una proporción de gente mayor que por razones varias sólo tiene como alternativa su incorporación a una residencia. Es ahí donde los poderes públicos han de garantizar que no exista una discriminación en el acceso basada exclusivamente en criterios económicos. Mantener una situación de déficit permanente y de disputa institucional constante sólo contribuye a consolidar la idea de que la vejez es, cada día más, una mercancía electoralmente apetitosa y socialmente dependiente.