Algunos juristas advierten que la dependencia del Gobierno cuestionaría la imparcialidad del Consejo La "vicelehendakari" considera que es factible crear un órgano consultivo interno
VIENE DE LA PÁGINA 1 La idea del Gobierno es que el Consejo Consultivo "sea interno"; es decir, que esté integrado en la Administración vasca, ha señalado la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia. "Se trata de aprovechar los servicios jurídicos del Gobierno que antes estaban en el Departamento de Presidencia y que desde la pasada legislatura pasaron a Vicepresidencia. Queremos aprovechar su experiencia y profesionalidad para ponerla al servicio del Consejo Consultivo", precisa la número dos del Gabinete Ibarretxe. La misión de este órgano es la de informar preceptivamente, aunque de forma no ...
VIENE DE LA PÁGINA 1 La idea del Gobierno es que el Consejo Consultivo "sea interno"; es decir, que esté integrado en la Administración vasca, ha señalado la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia. "Se trata de aprovechar los servicios jurídicos del Gobierno que antes estaban en el Departamento de Presidencia y que desde la pasada legislatura pasaron a Vicepresidencia. Queremos aprovechar su experiencia y profesionalidad para ponerla al servicio del Consejo Consultivo", precisa la número dos del Gabinete Ibarretxe. La misión de este órgano es la de informar preceptivamente, aunque de forma no vinculante, sobre la adecuación a la legalidad de los proyectos legislativos, reglamentos y decretos de desarrollo normativo que lo requieran. Durante los veinte años de autonomía, el PNV se ha resistido a crear un órgano de este tipo, del que ya disponen comunidades como Cataluña o Andalucía, lo que ha obligado al Gobierno a realizar este trámite con el Consejo de Estado. Sin embargo, casos como el varapalo judicial recibido con el decreto de bares, ha llevado al Ejecutivo bipartido PNV-EA a replantearse la cuestión. La resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dejó claro en ese caso que los servicios jurídicos del Gobierno no son suficientes para realizar el informe preceptivo de legalidad y que, en ausencia de un "órgano superior consultivo de la comunidad autónoma", es obligado acudir al Consejo de Estado. El Gobierno todavía no ha definido exactamente la estructura y composición del futuro Consejo Consultivo, ni tampoco los plazos para su puesta en marcha. En cualquier caso, mantiene su proverbial rechazo a que sea un órgano independiente compuesto por expertos juristas elegidos por el Parlamento, como sucede con el Consell Consultiu catalán. "No queremos que se convierta en un cementerio de elefantes", se argumentó en el pasado para rechazar un modelo autonómico del Consejo de Estado. Letrados cualificafosLa vicelehendakari asegura que los cambios legales producidos recientemente autorizan la formación de un consejo del tipo que pretende. "La situación actual permite que sea una instancia interna o externa a la Administración. Algunas comunidades tienen un consejo externo, pero el Gobierno prefiere, en pro de la operatividad y para aprovechar los recursos humanos existentes, crearlo dentro", manifestó la vicelehendakari. A la espera de que el Gobierno concrete su proyecto de órgano consultivo, varios expertos en temas jurídicos han expresado sus dudas sobre la validez de un consejo de este tipo. "Habrá que ver qué grado de vinculación tiene con el Ejecutivo", haseñalado un profesor de Derecho Administrativo de la UPV. "En principio, el espíritu es que el control previo de legalidad lo realice una instancia ajena al órgano controlado. Ya se sabe que la imparcialidad es un valor individual", argumenta este experto, "pero cabe pensar que será más imparcial alguien ajeno a la Administración que un funcionario al que se le pueden trasladar instrucciones o criterios de actuación".