El falso debate de la reforma de la gestión de los hospitales

El debate sobre las fundaciones sanitarias se ha querido presentar como una discusión sobre la conveniencia o no de dar autonomía y flexibilidad a la gestión de los servicios sanitarios públicos. Nada más falso.En este punto existía un amplio consenso: el que respaldó a la Ley 15/1997, sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, en cuya redacción final participó activamente el Grupo Parlamentario Socialista. El punto verdaderamente importante es si la reforma de la gestión de los hospitales del Insalud se realiza dentro de un marco de garantías que preserve las bases de funci...

El debate sobre las fundaciones sanitarias se ha querido presentar como una discusión sobre la conveniencia o no de dar autonomía y flexibilidad a la gestión de los servicios sanitarios públicos. Nada más falso.En este punto existía un amplio consenso: el que respaldó a la Ley 15/1997, sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, en cuya redacción final participó activamente el Grupo Parlamentario Socialista. El punto verdaderamente importante es si la reforma de la gestión de los hospitales del Insalud se realiza dentro de un marco de garantías que preserve las bases de funcionamiento del Sistema Nacional de Salud como, por ejemplo, su gestión pública.

En ese aspecto, no sólo la enmienda elaborada por el PP a la Ley de Medidas no ofrece garantías suficientes, sino que el Gobierno está impulsando una serie de iniciativas legislativas que sientan las bases de una auténtica contrarreforma sanitaria, que tiene por objeto la privatización del Sistema Nacional de Salud.

La enmienda sobre fundaciones sanitarias a la Ley de Medidas es, desde la perspectiva formal, un auténtico disparate: 1. Utiliza la Ley de Medidas para hacer una reforma en profundidad de la gestión sanitaria pública, cuando el Tribunal Supremo se ha manifestado reiteradamente en contra de esta práctica. 2. Deslegaliza la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dando un cheque en blanco al Gobierno para dotar a las nuevas entidades del contenido que desee. 3. Legisla, buscando el apoyo de los grupos nacionalistas, para organizar los servicios de Insalud gestión directa, cuya transferencia debe ser asumida a corto plazo por las comunidades autónomas en las que CiU, PNV y Coalición Canarias no tienen presencia, lo que tiene una dudosa legitimación democrática.

Para entender las razones de fondo del Gobierno, que rompe unilateralmente el consenso, alcanzado con la Ley 15/1997, es preciso recordar brevemente los antecedentes y consecuencias de esta ley. En junio de 1996, amparándose también en el supuesto deseo de mejorar la gestión del sistema sanitario público, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que posibilita la privatización del Sistema Nacional de Salud.

Al amparo de este Decreto-Ley se ha cedido la gestión de la asistencia especializada para la población de toda una comarca (La Ribera) a una empresa aseguradora privada. Ante la radical oposición del Partido Socialista a esta medida, el Gobierno del Partido Popular -que, al inicio de la legislatura, quería cubrir su "flanco social"- se avino a discutir la reforma con el PSOE. Tras casi un año de negociaciones, se alcanzó un consenso: el plasmado en la Ley 15/1997.

Este acuerdo contiene dos principios básicos: 1. La gestión del Sistema Nacional de Salud no puede privatizarse. 2. El Gobierno tenía que desarrollar un marco de garantías que regulara el funcionamiento de las nuevas entidades de gestión de los hospitales.

En año y medio, tras la publicación de la Ley 15/1997, el Gobierno no ha podido, o querido, reglamentar, entre otros, aspectos tan importantes como los relativos a los derechos de los pacientes; patrimonio de estas nuevas entidades; inversiones; mecanismos de participación de las comunidades autónomas, corporaciones locales, sociedad civil y personal en su gestión; de qué órganos de dirección y gestión estarían dotadas; sistema de financiación; cuenta de resultados; sistemas de auditoría y control; relaciones contractuales del personal incluyendo el régimen de incompatibilidades; o el sistema de información que posibilite la evaluación de los resultados de estas experiencias.

Por el contrario: el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar ha pedido que se le dejen las manos libres para hacer lo que quiera.

Sería una irresponsabilidad por parte del Partido Socialista acceder a estos deseos. No por inmovilismo, pues hemos mostrado nuestra voluntad de colaborar en la gestión, sino por defensa del sistema sanitario público: no queremos que bajo el lema de la mejora de la gestión, el Gobierno privatice el Sistema Nacional de Salud, como ha ocurrido en Alzira.

El debate sobre las fundaciones es un elemento más de la estrategia niebla en la que el Gobierno del Partido Popular quiere envolver su objetivo de privatizar el Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno ha desarrollado un conjunto de iniciativas legislativas que ponen las bases de una verdadera contrarreforma del modelo sanitario público español. Los elementos claves de esta estrategia son los siguientes:

La concesión administrativa de la asistencia sanitaria especializada del Servicio Valenciano de Salud para la comarca de La Ribera (Alzira) a una empresa aseguradora privada en régimen de monopolio, amparada en el Real Decreto-Ley de junio de 1996, supone en la práctica desgajar una parte del aseguramiento del Sistema Nacional de Salud -la población de La Ribera- para entregarlo, en régimen de concesión administrativa, a una aseguradora privada. Esta iniciativa se sitúa frontalmente en contra del principio de cobertura universal del Sistema Nacional de Salud.

La iniciativa de Alzira unida a la ley del IRPF abre expectativas ilimitadas a la privatización del aseguramiento sanitario público.

La nueva ley de IRPF incentiva fiscalmente la contratación de seguros privados de enfermedad por las empresas de dos formas. Por una parte, la contratación de seguros médicos privados se considera un gasto deducible por la empresa (menor tributación sobre beneficios), y complementariamente no se considera una retribución en especie, lo que implica una menor tributación de las rentas altas.

La filosofía sobre la que se basa esta reforma no está alejada del actual sistema sanitario estadounidense, en la que la cobertura sanitaria se obtiene a través de las empresas, y deja completamente transparente la estrategia a medio plazo del PP en sanidad, en completa contraposición con las políticas fiscales de los países con servicios nacionales de salud.

Esta estrategia de contrarreforma sanitaria se completará con la iniciativa anunciada por el Gobierno de presentar una nueva ley. El Gobierno, en consonancia con la ideología del PP, ya ha manifestado su rechazo al modelo organizativo del servicio nacional de salud, definido como "monolítico, burocrático y desmotivante".

La nueva ley anunciada no tiene por objeto introducir modificaciones en el funcionamiento de los servicios, pues la Ley 15/1997 tiene ese objetivo. Se trata, en este caso, de reformar la Ley General de Sanidad de 1986, y romper con lo que el Partido Popular denomina "monopolio asistencial del Estado", con modelos de financiación pública y aseguramiento privado.

Se debe dar autonomía y flexibilidad a la gestión de los servicios sanitarios públicos. Este objetivo debe ser compatible con el mantenimiento de un sistema sanitario público para todos los ciudadanos, financiado y gestionado públicamente.

Para este fin es preciso que las modificaciones de la gestión se realicen dentro de un marco de garantías y que sean transparentes. La enmienda a la Ley de Medidas no garantiza el logro de estos objetivos, por el contrario: el antecedente de Alzira, el oscurantismo gubernamental y las iniciativas legislativas del Gobierno señalan un camino distinto al de la mejora de la gestión de la sanidad pública: el de su privatización. Y en esto el Partido Socialista estará siempre radicalmente en contra.