De los GAL a Pinochet

Conviene apresurarse a escribir sobre este tema, puesto que si en una fecha próxima el Tribunal Constitucional anula la sentencia del Supremo y absuelve a los señores Vera y Barrionuevo, cualquiera que recuerde su responsabilidad penal, y la política como mínimo de Felipe González, califique el hecho de terrorismo de Estado o narre la circunstancia de que todo aquello era un secreto a voces hacia 1985 en medios próximos al Gobierno, se expone a una querella y luego a una pesada condena, que esta vez no será objeto de indulto alguno. Aun sin acudir a profecías teñidas de humor negro, me parece...

Conviene apresurarse a escribir sobre este tema, puesto que si en una fecha próxima el Tribunal Constitucional anula la sentencia del Supremo y absuelve a los señores Vera y Barrionuevo, cualquiera que recuerde su responsabilidad penal, y la política como mínimo de Felipe González, califique el hecho de terrorismo de Estado o narre la circunstancia de que todo aquello era un secreto a voces hacia 1985 en medios próximos al Gobierno, se expone a una querella y luego a una pesada condena, que esta vez no será objeto de indulto alguno. Aun sin acudir a profecías teñidas de humor negro, me parece claro, y uso de modo consciente la primera persona, que las repercusiones del primer proceso de los casos GAL han sido ya graves para el funcionamiento en España del Estado de derecho. Desde años atrás, éste venía siendo sometido, y sigue siendo sometido, a un permanente acoso por parte del sector nacionalista próximo a ETA. Hasta el punto de que en el plano de la expresión pública de las opiniones, la calificación de los hechos delictivos es objeto de una inversión total. Por efecto de la sacralización adjudicada a su militancia, supuestamente heroica, los crímenes de los presos etarras han de quedar impunes; mientras esto no sucede se les atribuyen derechos inexistentes, y en consecuencia autoridades, jueces y militantes de partidos democráticos se convierten en los verdaderos "asesinos". Para rematar el absurdo, dos partidos democráticos, PNV y EA, acaban de respaldar las movilizaciones en ese sentido del entorno etarra. Según este cuadro, los asesinos encarcelados pasan a ser víctimas y aquella calificación resulta transferida a quienes les siguen considerando tales, respetando las sentencias de los jueces. Por caminos distintos a los de HB, el PSOE de González y Almunia ha puesto en práctica una estrategia comparable frente al proceso por el secuestro de Marey. Hasta la sentencia, que nadie dijera nada: presunción de inocencia. Después de la sentencia, lo mismo. Por decisión propia ante sí y ante la historia, un partido democrático declaraba inocentes a unos condenados (¿sabrán entonces quiénes son los verdaderos culpables?), ignorantes del derecho -"error judicial", Belloch dixit- o mal intencionados a los magistrados que determinaron la condena, y se lanzaba a una presión en todos los frentes, desde las movilizaciones a la puerta de la cárcel a las amenazas de no colaborar en la pacificación de Euskadi si Vera y Barrionuevo no eran indultados. Todo disconforme, ya que no de asesino, es tildado de cómplice del PP. Entre tanto, los condenados, a la ofensiva. Hablando sin parar, se han convertido en los auténticos jueces morales de quienes emitieron sentencia. "Perdonan, pero no olvidan", llega a decir Barrionuevo: desgraciadamente los muertos por los GAL, de los que por lo menos fue responsable político, no pueden adoptar actitudes tan dignas. Y ni lamentan lo ocurrido, por no hablar de arrepentimiento, ni han dado el menor signo de colaborar con los jueces para esclarecer los casos pendientes. El que quiera entender, que entienda. Ahora la presión, apoyada por buen número de publicistas y medios afines, ha obtenido sus frutos. De momento, tres años, lo que para un secuestro con riesgo de muerte, ordenado desde los derechos humanos, no es mal resultado.

Lo que se plantea entonces concierne a la justicia, que desde los tiempos de Aristóteles en su dimensión conmutativa o sinalagmática, al mirar a los delitos, ha de hacerlo de modo impersonal. Acudir a criterios extrajurídicos, como el ambiente de paz en Euskadi o que el delito no ha prescrito, pero está lejano, simplemente confunde todavía más las cosas. ¿Siete años para la Mesa de HB por un vídeo y tres por un secuestro desde el Estado? La comparación no se tiene en pie. Por no hablar de la presión que este episodio representa para quienes hayan de juzgar futuros casos GAL, empezando por el de Lasa y Zabala. Vera, Barrionuevo, González el que más, y el PSOE juegan muy fuerte. Quizás ganen pero el coste será muy alto. ¿Qué quedará del trabajoso avance de la justicia en España por evitar que las violaciones de los derechos humanos permanezcan impunes? Y si así están las cosas para lo que sucedió aquí hace poco más de diez años, mal estaremos para juzgar a los de fuera. Claro que con toda probabilidad los lores de Londres nos evitarán el dilema.