Dos comunidades del PSOE rechazan la conversión de hospitales en fundaciones

Extremadura y Castilla-La Mancha, las dos comunidades gobernadas por el PSOE que no tienen aún transferidas las competencias en materia de sanidad, rechazan la creación de fundaciones para gestionar los hospitales públicos. No les gusta el modelo propuesto por el Partido Popular porque "quiebra el sistema sanitario público" y porque se ha hecho, dicen, a espaldas de las 10 comunidades que van a aplicarlo. La portavoz del PSOE en temas sanitarios, Ángeles Amador, aseguró ayer en Madrid que ve indicios de inconstitucionalidad en la medida.

La reforma, introducida por el PP por vía de urge...

Extremadura y Castilla-La Mancha, las dos comunidades gobernadas por el PSOE que no tienen aún transferidas las competencias en materia de sanidad, rechazan la creación de fundaciones para gestionar los hospitales públicos. No les gusta el modelo propuesto por el Partido Popular porque "quiebra el sistema sanitario público" y porque se ha hecho, dicen, a espaldas de las 10 comunidades que van a aplicarlo. La portavoz del PSOE en temas sanitarios, Ángeles Amador, aseguró ayer en Madrid que ve indicios de inconstitucionalidad en la medida.

La reforma, introducida por el PP por vía de urgencia en el Senado el pasado lunes, pretende dar más autonomía de gestión a los hospitales para hacerlos más eficaces, según el Gobierno, y supone la quiebra del sistema sanitario público, según la oposición socialista.Sólo afecta a las 10 comunidades autónomas que forman parte del territorio gestionado por el Insalud -Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia- que, según los socialistas, no han sido consultadas ni informadas. Y eso que todas ellas tendrán transferidas las competencias en materia sanitaria antes de que acabe la legislatura, según el compromiso firme del Gobierno. Pero sólo las dos comunidades gobernadas por los socialistas, Extremadura y Castilla-La Mancha, rechazaron ayer tajantemente el modelo, a través de sus respectivos consejeros de Bienestar Social y Sanidad, Guillermo Fernández Vara y Matilde Valentín, respectivamente. Esa oposición puede crear una situación peculiar: que hospitales públicos de estas dos comunidades soliciten al Insalud convertirse en fundaciones el año que viene y que poco después -si no se convocan elecciones generales anticipadas, la legislatura se agota en el 2000- pasen a depender de comunidades que no sólo rechazan las fundaciones, sino que tendrán capacidad para cambiar la normativa sanitaria. El PSOE, en cualquier caso, no se opone a la autonomía de gestión de los hospitales, explicó ayer Ángeles Amador. Pero quiere que ésta se regule a través de una norma específica que garantice la igualdad entre los ciudadanos y no a través de una enmienda presentada en el Senado, en el que el PP goza de mayoría absoluta. A pesar del rechazo a la reforma, los socialistas dan por hecho que la propuesta, introducida como una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado, pasará el trámite parlamentario que le queda.

Cuando la ley vuelva al Congreso para recibir el visto bueno definitivo, puede ocurrir que su aprobación dependa de los votos favorables de los socios nacionalistas del Gobierno (CiU, Coalición Canaria y el PNV), que gobiernan tres comunidades que ya tienen transferida la competencia sanitaria. "Van a decidir sobre un tema que no les afecta", afirmó la portavoz socialista.

Aunque en el PSOE ya se habla de la posible inconstitucionalidad de la reforma, todavía no se ha decidido si la recurrirán.

Los socialistas saben que no están solos en sus críticas. Izquierda Unida también se opone al proyecto, así como los sindicatos. Y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública reiteró ayer su oposición usando un argumento nuevo: la medida incrementa los gastos de administración y gestión de los hospitales y reduce los destinados a la atención sanitaria. Según la Federación, bajo el Gobierno conservador de Margaret Thatcher en el Reino Unido, un proyecto similar supuso el aumento de 20.000 directivos y la reducción de 50.000 enfermeros.

CCOO pidió ayer al Gobierno que retire la propuesta porque ha sido tomada "con precipitación, alevosía y evidente falta de consenso". Y UGT, también crítico la forma elegida por el PP para sacar adelante las fundaciones, pero sobre todo se mostró preocupada porque detrás del objetivo de una mayor eficacia en la gestión se esconde, según el sindicato, "el inicio de la ruptura de un sistema equitativo y solidario" de salud. Para la Confederación General del Trabajo (CGT) las fundaciones suponen el primer paso hacia "la privatización total".

Esta privatización fue rechazada ayer por el ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, quien dijo en Radio Nacional de España que el nuevo sistema permitirá al ciudadano elegir el hospital al que desea acudir.