La Junta blinda el carácter público, social y andaluz de las cajas de ahorros

El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno al proyecto de ley de Cajas de Ahorros, con el que pretende reforzar el carácter público, social y regional de estas entidades, según explicó la consejera de Economía, Magdalena Álvarez. La creación de una entidad financiera común y del Instituto Andaluz de Finanzas son las principales novedades, además de la presencia en los órganos de dirección de Gobierno y Parlamento. "Las cajas son de todos los andaluces", subrayó la consejera.

Álvarez destacó la importancia que las cajas tienen en Andalucía, con el 36% de los créditos concedidos y el ...

El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno al proyecto de ley de Cajas de Ahorros, con el que pretende reforzar el carácter público, social y regional de estas entidades, según explicó la consejera de Economía, Magdalena Álvarez. La creación de una entidad financiera común y del Instituto Andaluz de Finanzas son las principales novedades, además de la presencia en los órganos de dirección de Gobierno y Parlamento. "Las cajas son de todos los andaluces", subrayó la consejera.

Álvarez destacó la importancia que las cajas tienen en Andalucía, con el 36% de los créditos concedidos y el 47% de los depósitos de clientes, además de sumar unos activos de más cuatro billones de pesetas. A partir de ahí, la consejera desgranó las principales novedades que incorpora el proyecto para conseguir ampliar la participación de las cajas, reforzar su carácter social, y no de ánimo de lucro, y favorecer su implicación en el desarrollo económico de Andalucía. Para el primero de los principios, se establece que el 21% de los miembros de las asambleas generales de las cajas serán designados por el Parlamento y el Gobierno, en un 10,5% cada uno, lo que disminuirá la presencia de los impositores -de un 44% a un 28%-; de las corporaciones locales -de un 40% a un 35%-; y entidades fundadoras -de un 11% a un 9%-. Los trabajadores subirán de un 5% al 7%. Respecto a las críticas de algunos sectores, entre los que se encuentra el PP, por el supuesto intervencionismo de la Junta, Magdalena Álvarez preguntó: "¿Por qué una corporación local, o un impositor va tener una mejor visión que los miembros designados por el Parlamento o el Gobierno?". La consejera añadió que la presencia de legislativo y ejecutivo es pequeña: "En un consejo de administración tipo, con 17 miembros, sólo 4 de ellos serían elegidos por estos dos poderes". En cuanto el segundo objetivo, la ley amplía la obra social al empleo, el medio ambiente y la sanidad, y obliga a las cajas no domiciliadas en Andalucía, pero que trabajan en la comunidad, a destinar parte de los recursos que capten a estos fines. Según la consejera, el peso de estas entidades todavía está a mucha distancia de las cajas andaluzas "pero paulatinamente van avanzando, y preciso regular su presencia ya". Para potenciar la cooperación entre las cajas, se crea una entidad común con personalidad jurídica propia, con el fin de atender proyectos cuya envergadura exija la acción conjunta. También se pondrá en marcha el Instituto Andaluz de Finanzas, que actuará como principal instrumento de la Junta en política financiera, y el Defensor del Cliente.